Gobierno define hoja de ruta para reformar el sistema de protección social
En la jornada de ayer, martes 22 de abril, se realizó la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, marcando el inicio del proceso de instalación del Diálogo Social impulsado por el Gobierno. El objetivo es promover una transformación integral del sistema de protección social, centrada en la equidad, la sostenibilidad financiera y la eficiencia.
En conferencia de prensa, los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informaron que durante el encuentro se definió la hoja de ruta que guiará el trabajo en torno a cuatro grandes ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas, y régimen de jubilaciones y pensiones.
La ministra Lustemberg destacó que el primer paso fue la conformación del órgano ejecutivo del diálogo social, que funcionará como espacio político y técnico para la construcción de acuerdos entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y las organizaciones sociales. “El énfasis estará en mejorar la cobertura, lograr mayor equidad y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema”, afirmó.
Por su parte, el ministro Castillo remarcó el compromiso del Gobierno con el intercambio permanente y anunció que a partir de la próxima semana comenzarán las reuniones con delegaciones del PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y las cámaras empresariales. “Vamos a estar receptivos y abiertos”, subrayó, adelantando que los primeros dos meses estarán dedicados a recorrer el país para recoger aportes.
Durante la jornada se establecieron los lineamientos metodológicos y temáticos que estructurarán este proceso de diálogo, que contará con una comisión ejecutiva integrada por 18 miembros titulares y sus suplentes.
El lanzamiento oficial del Diálogo Social está previsto para julio de 2025. A partir de ese momento, se desplegará una fase participativa a nivel nacional que incluirá seminarios, conversatorios, audiencias con delegaciones, consultas territoriales y canales virtuales para el aporte ciudadano. La Universidad de la República tendrá un rol clave en el análisis y sistematización de los insumos recogidos.
El proceso culminará con la elaboración de un documento con propuestas y acuerdos concretos, que será presentado al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril de 2026.
