Estado y sociedad civil analizan vigencia de la ley contra la discriminación a 20 años de su aprobación

En el marco de los 20 años de la promulgación de la ley Nº 17.817, considerada pionera en la lucha contra la discriminación en Uruguay, se realizó la primera jornada de reflexión e intercambio entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil. La actividad, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, tuvo lugar en la jornada de ayer, lunes, en la Torre Ejecutiva, en un encuentro que combinó modalidades presencial y virtual.
Bajo el nombre Voces de la Sociedad Civil, la instancia reunió a representantes de colectivos históricamente vulnerados, como personas afrodescendientes, con discapacidad, migrantes, indígenas y personas LGBTQ+, entre otros. El objetivo central fue generar un espacio de diálogo para evaluar la vigencia y efectividad de la ley, aprobada en 2004, en un contexto social que ha cambiado de forma significativa en las últimas dos décadas.
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, destacó la importancia de abrir estos espacios de participación: “Es importante escuchar, saber. Las políticas no se pueden hacer desde atrás de un escritorio, sin participación del público objetivo”.
Spinetti subrayó que, aunque se trata de una ley icónica, es necesario revisarla a la luz de los nuevos desafíos, como el aumento de los discursos de odio y la aparición de formas de discriminación que la normativa actual podría no contemplar. Asimismo, planteó interrogantes sobre el funcionamiento de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación: si debería contar con mayores atribuciones, si sus decisiones deberían tener carácter vinculante y si su actuación debería situarse en el ámbito penal, civil o en ambos.
El proceso de revisión incluirá nuevas mesas de intercambio en el interior del país, así como encuentros con la academia y distintas instituciones. Se prevé que, hacia diciembre de este año, el proceso participativo proporcione insumos suficientes para definir si corresponde enviar al Parlamento una propuesta de reforma, una nueva ley o mantener la actual legislación.
Esta iniciativa marca un paso importante en la construcción de políticas públicas inclusivas, basadas en el diálogo con quienes viven cotidianamente situaciones de discriminación.