Exposición del edil Juan Manuel Oliveira en la Junta Departamental

Exposición del edil Juan Manuel Oliveira de la Lista 815 del Partido Colorado en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del pasado miércoles:
“Sra. Presidente, señoras y señores ediles: Quiero manifestar mi preocupación en un tema del cual hemos intercambiado opiniones en mi grupo político y que, seguramente, es también preocupación de cada uno de los ediles de este Cuerpo, porque sin lugar a dudas es un problema que viene absorbiendo la preocupación de los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país, a tal punto que ya en algunas capitales del interior, surgen movimientos espontáneos de la población queriendo tomar cartas en el asunto.
Me refiero a la lamentable reiteración de hechos de violencia, y hasta de muertes, protagonizados por menores infractores en situaciones de reiteración y luego de haber estado recluidos en el INAU, mediando circunstancias de fuga. Algunos de estos graves hechos han provocado la indignación de la población debido a que se han segado vidas de jóvenes inocentes o hasta de una madre joven quedando sus pequeños hijos huérfanos. Ello ha generado movimientos solicitando una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad. Pero, creemos que esto es bastante más complejo que solamente bajar la edad.
Lo primero es señalar que el INAU no está cumpliendo la función que le pide la ciudadanía. Es una apreciación objetiva: no está conteniendo a esos menores, ni los está reeducando.
Pensamos, que el INAU está desbordado de responsabilidades, tiene una estructura que fue ideada para otra cosa y para otra época, que no ha cambiado mayormente a lo largo de los años, no tiene medios y su personal se ve totalmente superado.
Tienen responsabilidades con pequeños niños huérfanos, con niños abandonados, con niños que ya van a la escuela, con adolescentes que cursan estudios en otras instituciones, con controles sobre expendio de bebidas, locales y eventos de diversiones, con responsabilidades sobre los controles y condiciones de trabajo de los menores, con responsabilidades de reclusión sobre adolescentes y jóvenes con infracciones diversas y, por si fuera poco con responsabilidades sobre aquellos que cometieron delitos graves.
Proponemos, en consecuencia, que lo aliviemos de la parte más difícil. A los jóvenes con historial de conducta más grave no se los está ayudando con un sistema tan displicente, que los mantiene expuestos a la marginalidad delictiva y a la droga, y menos aún se los va a ayudar enviándolos más tempranamente al sistema carcelario común.
Estamos convencidos de que la tarea de recluir y reeducar a los menores infractores, particularmente de los que han tenido desviaciones más graves de conducta, debe recaer en otra Institución, totalmente aparte del INAU. Si el Estado no cuenta con recursos para organizar una nueva Institución con la urgencia que haría falta, lo que parece más adecuado, es buscar dentro de lo que hay, quien pueda ocuparse mejor y más rápidamente del tema.
Consideramos que la Institución que razonablemente puede ocuparse con acierto de los jóvenes infractores es el Ejército y las Fuerzas Armadas en general. Consideramos que lo pueden hacer mediante una especie de Servicio Militar Obligatorio. Sabemos que las Fuerzas Armadas han reclutado en el pasado a muchos jóvenes con problemas de conducta, y jóvenes provenientes de medios sociales marginados y muy complicados, convirtiéndolos en personas de bien y de mayor provecho para sí mismos y para su familia.
Esta no es una idea suelta ni descabellada. Pensemos un poco y coincidamos en que las verdaderas causas que llevan a los jóvenes a desviar su conducta radican en una incapacidad o en una imposibilidad de muchas familias, de cumplir su rol educador, agravado por un cambio acelerado en los patrones culturales y sociales y en el avance sostenido de las drogas y de la criminalidad. Estos jóvenes crecen teniendo desde niños una educación insuficiente en cuanto a valores y responsabilidades, y sobre todo en cuanto a límites. No aprenden lo que es disciplina y buenos hábitos y eso les dificulta poner empeño para aprender otras cosas provechosas y desarrollar virtudes que podrían tener.
Creemos, entonces, que es justamente la Institución Militar la que tiene en su propia formación, en su espíritu, en sus propios métodos, los componentes de orden, valores, obediencia, disciplina y límites, que sus familias no supieron o no pudieron darle a estos jóvenes. La organización militar tiene además estructuras que se pueden adecuar fácilmente para cumplir esa función acorde a las distintas situaciones de gravedad o de evolución que presenten estos jóvenes.
Tiene locales con posibilidades para actividades de prácticas educativas de los más diversos órdenes y personal capacitado para llevar a cabo las más diversas funciones docentes. Dispone además de médicos, de sicólogos, en fin, de profesionales en muchas áreas que pueden coadyuvar en la tarea. Y lo que les falte, se le puede aportar bajo la supervisión o asesoramiento del Ministerio de Educación y Cultura y de la ANEP, con una responsabilidad análoga con la que funcionan los Liceos y la Escuela Militar.
Señora Presidente, solicito que este tema sea estudiado por la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos, o por las que correspondiera, para pedir que esta Junta, si lo comparte, haga suyo este planteo y lo lleve adelante frente a las autoridades nacionales.
Quiero una vez más dejar en claro que no se trata de enviar a los menores presos a los cuarteles, si no de aprovechar la infraestructura que tienen los cuarteles para educar, para trabajar, para hacer deportes, en fin, para ayudar a reeducar a los jóvenes”, concluyó.