Ejecutivo remitió al parlamento proyecto de Ley denominado de “Seguridad fronteriza”

El Poder Ejecutivo remitió este lunes el Proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza al Parlamento, según informó al término del Consejo de Ministros el titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi.
Según el secretario de Estado, Uruguay es el único país de la región que no posee una legislación en esta materia. Dijo a modo de ejemplo que Brasil tiene una zona de protección de 150 kilómetros de ancho, Chile posee dos tipos de regímenes, uno para la frontera seca y otro para la marítima.
“Es un blindaje fronterizo para evitar contrabando e ingresos ilegales”, dijo el secretario de estado.
El proyecto de ley, prohíbe a inversores extranjeros o sociedades anónimas comprar tierras en una franja de 20 kilómetros de ancho (en vez de los 50 en que insistía el ministro de Ganadería y Agricultura) a lo largo de las fronteras con Brasil y Argentina.
El sector productivo en general, pero el forestal en especial, ha manifestado claramente su disconformidad con dicho proyecto, entienden que la reducción de la zona prohibida a extranjeros y sociedades anónimas en tierras fronterizas, deja en evidencia la contradicción conceptual de un gobierno, que según entienden, con una mano llama a la inversión externa y con la otra le cierra la puerta.
Sostienen que si se trata de evitar contrabando o ingreso de enfermedades que amenacen los rebaños, ambos peligros sobreviven intactos con propietarios nacionales. Las seguridades sanitarias o de comercio lícito no dependen de la nacionalidad de un dueño sino de su honestidad y de sus precauciones contra enfermedades del ganado.
Indican también, que si lo que se busca es evitar el lavado de capitales de origen delictivo, es fácil establecer la legitimidad de un inversor individual. Es más difícil en el caso de sociedades anónimas, pero el tema es también solucionable mediante vigilancia adecuada, como ya se comprobó en el caso de una venta de campos en Salto, según se indicó.
Frente a la ausencia de ventajas, se erige una ambivalencia oficial que puede ser altamente costosa para el país. El proyecto contraría abiertamente la política proclamada por el gobierno de abrir los brazos a la inversión externa, aseveran representantes del sector.
Entienden que esta medida, conlleva además un tinte xenófobo, que recuerda las viejas campañas de visión corta sobre tenencia extranjera de la tierra.
Los argumentos del ministro Agazzi a favor de una zona fronteriza de presunta seguridad especial tendrán poco peso en la opinión de inversores externos que percibirán una acción discriminatoria en su contra.
La seguridad que se busca puede lograrse mediante controles adecuados del gobierno en las fronteras, sin necesidad de recurrir a una expeditiva norma legal que augura efectos restrictivos en el ingreso de los capitales externos que Uruguay precisa para retomar con firmeza la senda del crecimiento económico, indicaron.