Instalación de “slots” privadas en Rivera causa polémica

Consultado al respecto el Dr. Fernando Araújo, asesor legal de la empresa instalada en nuestro medio, con máquinas “Slots”, remitió a NORTE, el siguiente informe:
“La mas prestigiosa doctrina y jurisprudencia nacional, ha confirmado, la actividad relacionada con las máquinas tragamonedas dentro del país es legal. En ese sentido recientes fallos de la Justicia determinaron que la explotación de estas máquinas no constituye un hecho ilegal, ordenando que se devolvieran a sus propietarios una serie de máquinas que pretendió incautar la Dirección Nacional de Casinos. En el 2003, durante la presidencia del Dr. Jorge Batlle, se intentó la prohibición de las tragamonedas, pero dicha iniciativa no prosperó. La Justicia mediante más de 30 sentencias determinó que la actividad que se realiza por empresas y personas que realizan sus aportes tanto al BPS como a la DGI, no es ilegal.
El 11 de junio de este año, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta promovida por los diputados del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, Gustavo Bernini, Javier Salsamendi, Enrique Pintado y Diego Cánepa. en la que entienden la necesidad de una ley para “brindar la certeza jurídica a todos los actores involucrados”, además de obligar a fabricantes y operadores de los juegos electrónicos a que paguen un canon al Estado. Los diputados oficialistas pretenden también que se limite el número de máquinas por local y “perfeccionar y profesionalizar la actividad” para “convertirla en un polo de desarrollo nacional”. Se ha constituido La Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (AUFOJE) que nuclea integrantes de una actividad que genera muchos puestos de trabajo. Los sistemas operativos de las máquinas son importados, pero los muebles donde van las mismas y otras partes de éstas son construidos en Uruguay.” Más de 500 familias trabajan de manera directa en esta actividad y en forma indirecta otras diez mil personas, entre electricistas, carpinteros, fleteros, mecánicos y programadores”. Es una situación similar a la que se dio con el juego de quiniela ,que ante el vacío legal que existía, en la década del ´50, del siglo pasado, se crearon las Bancas de Quinielas. Cuatro informes técnicos de destacados juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica , determinaron que la actividad desplegada por los operadores de las máquinas tragamonedas no es ilegal. Los juristas Jaime Sapolinski; Milton Cairoli y Gonzalo Fernández; por Carlos Delpiazzo, coinciden en la legalidad de la actividad. A los citados dictámenes han llegado los fiscales penales Dorita Abuchalja y Diego Pérez Echavarría, las vistas fiscales de Silvana Bello Suárez, Mérida Bonino Rodríguez, Raquel González Tornaría, y las sentencias de los jueces Juan Benítez Caorsi y Silvia Rodríguez Batista, entre otros. Los últimos dictámenes fiscales , expedidos por la fiscal adjunta penal de 10º Turno, Ana María Blanco, y por la doctora Alana Eccher, fiscal adjunta penal de 11º Turno, son “contundentes” en el análisis jurídico sosteniendo que el sustento jurídico de la Dirección de Casinos para solicitar la incautación y retiro de máquinas “es absolutamente inconstitucional e ilegal”, recordando que esa repartición siguiendo el informe de Carlos Delpiazo “no tiene el monopolio de la actividad de explotación de juegos de azar”, expresó Araújo.
Por su parte el Director Nacional de Casinos, Carlos Nopitsch, ha adelantado su intención de eliminar la instalación de este tipo de “slots”, aseverando que “Si se regula el mercado de las maquinitas irregulares, haremos que desaparezcan los US$ 150 millones que hoy entran al Estado con los casinos mixtos”.
Según Nopitsch, los propios empresarios propietarios de los slots irregulares le informaron que en el país había 15.000 tragamonedas. Cada una recaudaba un promedio de $ 4.000 cada una, agregó. “De cualquier forma yo hice el siguiente cálculo; $ 4.000 por mes, son US$ 200; si multiplicamos esa cifra por 15.000 máquinas, la recaudación anual es de US$ 36 millones. Y entendemos que estas máquinas recaudan bastante más de esa cifra”, afirmó.
Indicó el jerarca que en algunos de los operativos de incautación de máquinas se abrieron algunas que tenían adentro $ 400. “Esa cifra correspondía al juego de dos o tres días. Estamos hablando de cifras millonarias”.
Ante una consulta del diputado blanco Jorge Gandini acerca de cómo el gobierno solucionará el vacío legal existente con ese tipo de juegos de azar, Nopitsch respondió que existe un proyecto de ley elaborado por la dirección anterior que promueve la eliminación de esta actividad. Su intención es “retomar” esa iniciativa y “presentarla” al Parlamento.