Descentralización: Posturas contrarias entre Frente Amplio y Partido Nacional

El Partido Nacional asegura que, a pesar de lo resuelto este martes por la mesa política del Frente Amplio, las modificaciones planteadas a la Ley de Descentralización siguen requiriendo mayorías especiales, por lo que su aplicación configuraría una violación a la Constitución, lo que difiere de lo sostenido por el oficialismo.
Finalmente, el proyecto de modificación a la Ley de Descentralización será tratado el 3 de febrero por la Cámara baja, luego de muchas idas y vueltas, dado que el oficialismo sostiene que para tratarse el texto se requieren mayorías simples y, por lo tanto, se dispone a aplicar dicha ley en las próximas elecciones municipales.
La sesión estaba prevista para este miércoles, pero fue pospuesta ya que tres legisladores del oficialismo deberán viajar al exterior. Más allá de este aspecto, se considera que no hay condiciones técnicas para elegir alcaldías este año.
Los grupos partidarios de la aplicación inmediata de la ley, ayudados por la opinión de los jefes comunales, se impusieron este martes en la mesa política a los dos sectores mayoritarios del Frente Amplio, el MPP y el Frente Líber Seregni (FLS), que habían planteado su postergación para 2015.
El máximo órgano de conducción política del oficialismo consideró que los reparos hechos por los propios ministros frenteamplistas de la Corte Electoral no eran significativos, por lo que se mandató a la bancada de diputados a aprobar el texto en la sesión del 3 de febrero.
Básicamente, lo que se votará será la propuesta tal cual fue aprobada en el Senado. Las dos modificaciones con respecto al texto original son la derogación del Artículo 23, que reduce significativamente el número de alcaldías, según explicó el coordinador de la bancada oficialista, José Carlos Mahía.
“Va a significar que las elecciones de alcaldes sean en las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Esto es hasta 83 centros poblados. Si se mantuviera la ley con el Artículo 23, serían muchos más. Por lo tanto, creo que esa es una modificación aconsejable, en la cual todos los partidos políticos están de acuerdo”, expresó.
De todas formas, la ley habilita que en aquellos departamentos que no tengan localidades de 5.000 habitantes, los intendentes puedan crear al menos dos municipios.
Por otra parte, la Mesa Política decidió no insistir con el Artículo 5, que establecía la votación de los alcaldes en hoja separada del intendente, por lo que en mayo habrá una única hoja de votación.
Según señaló Mahía, para el Frente Amplio en estas condiciones sólo se requieren mayorías simples (51 votos), razón por la que se intentará obtener el voto de la oposición.
“Vamos a intentar. Lo que sucede es que si el Partido Nacional mantiene las condiciones que fijó hasta el 19 de enero nos es imposible hacerlo, ya que para votarlo en el Senado exigía que fuesen alcaldes honorarios y que Montevideo quedara excluido de la aplicación de la ley hasta el año 2015”, sentenció.
“Esas son dos de las tres condiciones que puso, que para el Frente Amplio son insalvables. No las podemos acompañar porque no las compartimos”, prosiguió.
El Partido Nacional analizará la situación en el correr de estos días pero, en lo previo, votará en contra del texto.
Pablo Abdala, diputado de UNA, dijo que la aplicación de la Ley en 2010 constituye un “capricho” de ciertos grupos del Frente Amplio, que podría generar, a corto plazo, muchas dificultades, tanto a nivel político como en la gestión de las intendencias.
El legislador entiende que a esta altura de los acontecimientos es prácticamente imposible aplicar en mayo la Ley de Alcaldías, dado el escaso tiempo de preparación, denunciado por la propia Corte Electoral.
Abdala señaló contradicciones entre los sectores del oficialismo. “En función de que estamos a pocas semanas, prácticamente, o a pocos meses de las elecciones municipales, no es sensato ni razonable a esta altura proponerse la organización de elecciones en las localidades para elegir alcaldes, para elegir municipios, cuando incluso la Corte Electoral ha dicho no estar preparada adecuadamente para poder llevar a cabo ese proceso electoral”, indicó.
“Parece bastante increíble que habiendo una opinión mayoritaria en el partido de gobierno y en el gobierno electo porque es la opinión del presidente electo y su vicepresidente. Sin embargo, el Frente Amplio, en razón de una alquimia muy difícil de entender, relacionada con su forma de organización interna, resuelva seguir adelante. Creo que es una situación o actitud verdaderamente imprudente”, agregó.
Si bien admitió que en el propio Partido Nacional hay “dos bibliotecas” sobre el tema, Abdala considera que, por el sólo hecho de establecer la elección de autoridades, estas modificaciones requieren necesariamente ser aprobadas por dos tercios de los votos de los legisladores.
De no cumplirse este requisito, a su juicio, la aplicación de la ley configuraría una clara violación a varios artículos de las Constitución.
Si no se despeja esta interrogante, Abdala consideró que se generaría un estado de incertidumbre jurídica. “¿Qué ocurriría, por ejemplo, si la Suprema Corte de Justicia resolviera después de mayo, si se dieran los plazos de esa manera, que estamos ante una ley inconstitucional?, ¿quedarían sin efecto las elecciones que se llevaran a cabo en mayo? Me parece que en todo esto se ha actuado sin la debida ponderación y que, en función de un capricho, se sigue adelante con un proceso llamado de descentralización pero que, a nuestro juicio, va a generarle dificultades al país, a los departamentos del interior y va a generar problemas en cuanto a la vida institucional del país”, manifestó.
Ésta será la tercera vez que el Frente Amplio intentará tratar el tema en la Cámara baja. En la última sesión del año 2009, el oficialismo no logró el cuórum para tratarlo de manera “grave y urgente”.
A su vez, la semana pasada, y luego de divisiones internas, fue la propia bancada del Frente Amplio quien encomendó a la mesa política considerar el asunto.
De aprobarse el 3 de febrero, el texto volverá al Senado, donde los legisladores oficialistas lo votarán a “tapa cerrada”, para proceder de inmediato a su aplicación.