ONG MYSU realizó lanzamiento de estudio que realizará en Rivera

(Por Rosa Dutra) Representantes de la organización no gubernamental feminista “Mujer y Salud en Uruguay” (MySU), cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones, estuvieron en la ciudad de Rivera para realizar el lanzamiento del estudio que MYSU llevará adelante sobre el estado de situación, rutas de acceso y percepción de la población sobre el funcionamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva en las instituciones públicas y mutuales de salud del Departamento. Este estudio lo realizaron previamente en los Departamentos de Salto, Paysandú, Soriano y Río Negro. Ahora se realizará en Rivera y luego se continuará en Florida y Maldonado.
Desde el año 2007, a través del programa Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, el MYSU monitorea las políticas públicas de ese campo, para generar conocimiento y evidencias sobre las respuestas existentes, y de esa forma identificar los avances, obstáculos y vacíos. La finalidad es poner estos insumos a disposición de quienes deciden: políticos, gestores de políticas públicas, equipos de profesionales, organizaciones sociales, y población usuaria, para mejorar la calidad de atención y las condiciones, para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Para conocer más detalles dialogamos con la Directora del MYSU, Lilián Abracinskas, quien en la jornada de ayer, lunes, mantuvo el primer encuentro con profesionales de la salud y con representantes de organizaciones sociales de Rivera. Nuestra entrevistada manifestó que pretendían realizar en Rivera un estudio sobre el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en el departamento y la interrupción voluntaria del embarazo.
El estudio realizado en los Departamentos de Salto, Paysandú y Soriano desprende que en esos lugares los servicios funcionan, aunque a veces no son bien difundidos y la población no los conoce. El problema que enfrentan esos servicios -señaló- es que existe un alto porcentaje de profesionales de la ginecología que objetaron conciencia para realizar el servicio de aborto. Esto genera complicaciones en las mujeres para acceder a la prestación. Hay lugares del país donde el 100% de los profesionales hicieron la objeción. Las consecuencias fueron que las mujeres de esas localidades tuvieron que ser trasladadas a ciudades de otros Departamentos o a Montevideo, para acceder a los abortos.
Consultada si estos hechos podrían derivar en que los médicos que se nieguen a practicar el aborto fueran sancionados por el Ministerio de Salud Pública, respondió que las interrupciones voluntarias figuran en la Ley de Aborto, la cual pone como excepción que, por razones filosóficas o religiosas, los médicos pueden abstenerse. Si lo hacen por ética profesional deben cumplir con la ley.
“Si no tienen preceptos religiosos deben cumplir con la Ley -reiteró-, ya que está en riesgo la vida de la mujer que consulta. Si ellos objetan, deben objetar toda la ley. Este alto porcentaje de profesionales que se niega, no coincide con el nivel de religiosidad que hay en el país”, dijo. “Estas razones de objeción de conciencia que argumentan, pueden estar ocultando otros motivos que no son estrictamente los filosóficos-religiosos. Ellos pueden ser el no estar de acuerdo con la ley, o por entender que como es un acto médico sin valor comercial no les redunde en la práctica profesional, porque no es una práctica prestigiosa que hasta hace dos años era un delito, por eso muchas veces prefieren abstenerse y no dar su prestación ni cumplir con la ley”, continuó.
Respecto a la solicitud del Ministerio de Salud Pública de la lista de médicos ginecólogos que se negaban a cumplir con la ley, afirmó que es muy importante que se tenga esa lista de profesionales objetores para realizar el control. Citó como ejemplo que en Paysandú, teniendo la lista de los profesionales, pudieron identificar que un profesional no hacía esta prestación de servicio público, pero sí lo hacía en la práctica privada.
“La ley dice que cuando el profesional objeta, debe objetar para todo, tanto para el sistema público como en la práctica privada. También los usuarios tienen el derecho de saber cuáles son los profesionales objetores, porque en la Ley hay doce semanas para poder cumplir con las condiciones, que ésta establece para no cometer el delito de aborto”, señaló. Ampliaremos en la próxima edición, con la segunda parte de la entrevista con Lilián Abracinskas.