El Diputado Gerardo Amarilla realizó algunas precisiones sobre Aratirí

En diálogo con NORTE, el Diputado Gerardo Amarilla (Lista 15, Partido Nacional) realizó algunas precisiones sobre las declaraciones del subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño a la salida del Consejo de Ministros.
El Diputado expresó que “me gustaría precisar un par de cosas sobre las declaraciones del subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño a la salida del Consejo de Ministros, y sobre Minería: En primer lugar, se equivoca cuando desestima las competencias departamentales para prohibir la minería como lo hicieron Lavalleja y Tacuarembó. Queda bien claro en ambas ordenanzas que lo hacen en virtud de competencias ambientales y de ordenamiento territorial”.
“Las Intendencias no podrían autorizar actividad minera porque el Código de Minería le da competencia exclusiva al Gobierno Nacional; pero si pueden prohibirla como a otras actividades en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución, la Ley General del Ambiente y la Ley de Ordenamiento Territorial entre otras”, acotó.
El Dr. Gerardo Amarilla aclaró que “el Art. 262 de la Constitución les da competencia a los Gobiernos departamentales en todo el territorio del departamento, el Art. 10 de la Ley General del Ambiente, 17283 establece igual jerarquía a las normas nacionales y departamentales en la protección del ambiente y le da preeminencia a la más exigente, y la Ley de Ordenamiento Territorial, particularmente su Art. 14 le da competencias al gobierno departamental para determinar los usos del suelo en todo el territorio del departamento así como disponer medidas para protección del ambiente y desarrollo sostenible”.
“En segundo lugar, creo que es obvio que no podrían autorizar el comienzo de la explotación sin las autorizaciones ambientales, ya que así lo exige la Ley. Lo que reclamamos es que tampoco firmen un contrato que tiene carácter secreto y poco transparente antes de las Autorizaciones Ambientales, porque de ser así se estaría presionando a la DINAMA”, agregó.
El Diputado dijo que “ese tipo de contratos de inversión, tienen por lo general cláusulas por las que el Estado uruguayo renuncia a soberanía, por ejemplo en las competencias de resolución de conflictos que quedan sometidos a tribunales internacionales. Además, se asumen compromisos y también hay ventajas fiscales y tributarias para las empresas multinacionales. Quedan muchas veces fijados plazos y multas que terminan presionando al propio Estado para que resuelva rápido cuestiones como los permisos ambientales, presionando a los técnicos para que no se le exijan tantos requisitos a la empresa”.
“Creo que se debe postergar la firma de cualquier contrato o compromiso hasta que no se cumplan con los trámites regulares para lograr las autorizaciones ambientales previas del mega proyecto de explotación minera. No entendemos porque hay tanta urgencia desde el Gobierno de firmar este contrato y favorecer a ésta empresa dejando a un segundo plano los temas ambientales, para nosotros la defensa del Uruguay Natural es una prioridad y debemos cuidar en primer lugar la calidad del agua, del suelo y en definitiva del medio ambiente de todos los uruguayos”, concluyó.