“Debemos situarnos en el Uruguay de 2013, pensar estrategias para resolver el problema de la tierra”

En la noche del pasado miércoles sesionó la Junta Departamental de Rivera, con la presencia de veinticinco ediles en Sala. En la media hora previa, el edil Gabriel Morales (FA) se refirió, en su alocución, al fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de los Arts. 1 y 2 de la Ley Nº 18.876 por lo que se creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
En la oportunidad, el edil expresó: “Estos últimos días, la Suprema Corte de Justicia, con la discordia de uno de sus Ministros, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley Nº 18.876 por la que se creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Entre otros fundamentos manifestó que ‘la Constitución establece que la propiedad inmueble rural únicamente puede ser gravada mediante impuestos departamentales o nacionales de carácter adicional de inferior cuantía a los departamentales’.
Asimismo El Ministro Dr. Ricardo Pérez Manrique se declaró discorde con el resto de sus colegas, pero compartió con ellos que ‘los actores carecen de legitimación para impugnar los Arts. 7, 10 y 11 de la Ley Nº 18.876’. Fundando su apartamiento el alto magistrado sostuvo que ‘la norma impugnada no es inaplicable porque interpretada desde la Constitución conduce a la conclusión de que el hecho gravado y la fuente afectada son diversos y no admite hipótesis de superposición’.
Asimismo, la SCJ ordenó comunicar lo resuelto al Poder Legislativo (art. 522 del Código General del Proceso). Este impuesto sin temor a equivocarme pone en discusión la propiedad de los medios de producción, que desde Artigas hasta acá, este problema todavía no fue resuelto.
Son 1.200 las empresas que tributarían y éstas tienen el 35 % de todo el territorio nacional, o sea, un total de 5 millones de hectáreas. El impuesto recaería sobre todos aquellos que tengan más de 2.000 hectáreas. Entre 2.000 y 5.000 hectáreas, tributarán 8 dólares por ha, entre 5.000 y 10.000 con 12 dólares por hectárea y más de 10.000 ha serán 16 dólares por cada una de ellas. Actualmente el valor del aporte es de 4 dólares por hectárea indistintamente de la cantidad de tierra que se posea. Por lo tanto se sigue buscando hacer cumplir con ‘que pague más, quien tiene más’.
Este impuesto afectaría a solo el 2% de los empresarios del sector. Que siendo honesto la suma a recaudar por este impuesto es ínfima, 60 millones de dólares, pero las discusiones surgidas parecen explicitar la contradicción que existe en el sector agropecuario y en el país todo.
El proceso de acumulación de tierras, más allá del impuesto, lleva consigo otro problema: la creciente extranjerización. Algunos datos expresan claramente lo mencionado: Correa, empresario brasileño, tiene 100.000 ha; Montes del Plata, capitales chilenos y finlandeses, 234.000 ha, Agro Negocio del Plata, capitales argentinos, 100.000 ha y podríamos seguir.
Como se ve, hay un de cambio de figura en lo relacionado con la propiedad de la tierra, ya que según un informe de la FAO son las figuras de Sociedades Anónimas las que han adquirido el 96 % de las tierras, comprándoselas a personas físicas, para decirlo de forma simple a gente de carne y hueso. O sea que son corporaciones y hasta posiblemente Estados los que están comprando tierras, lo que implica que en el corto o mediano plazo, la soberanía pueda estar en juego.
Las corporaciones y el capital financiero, a partir de la crisis internacional en el primer mundo, comenzaron a invertir en tierra ya que el valor de la misma según las perspectivas económicas va a seguir en aumento. Mientras en 1989, el valor promedio de la hectárea era de 340 dólares americanos, en la actualidad su valor promedio está en unos 4000 dólares la hectárea.
Al ser finita la cantidad de tierra sobre el planeta, en Uruguay principalmente, sumada a la mayor demanda de alimentos su valor comienza a subir de forma exponencial. Entonces, para algunos sectores financieros esto puede ser una opción sumamente interesante ya que su valor aumenta con el correr de los años. Sin necesidad de generar producción sobre ella. Negocio redondo.
El sector agropecuario ha disminuido su participación con el correr de los años. El aporte del sector agropecuario al PBI se realiza a través de los tributos, que en la actualidad, son del orden del 7,1% del PBI, mientras que en el año 2000, eran del orden del 9,7%. Volvemos a remarcar que no se fija el aumento de tributación a todo el sector, sino como mencionamos antes, se diferencia a quienes deben asumir este gravamen.
El monto recaudado sería destinado a la caminaría rural, es decir trabajar en la mejora de la comunicación con las rutas y demás, o sea invertir en infraestructura. Hace poco veíamos frente a la intendencia, maquinas que se iban a pagar con en este impuesto.
El problema de la Tierra en Uruguay aún está sin resolver. Estas ideas están no solo en la izquierda, están acunadas en la historia de nuestro país y de sus principales referentes. Batlle y Ordóñez en 1925 planteaba que la tierra debería ser del Estado y que la misma debería otorgarse para su uso.
Pero también hagamos referencia a Artigas, cuando en el Reglamento de Tierras expresaba: ‘6º. Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. 7º. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero’.
O pensemos en Sendic cuando junto a los cañeros reivindicaba: ‘la tierra pa’l que la trabaja’ y se pedía la expropiación de 30.000 has improductivas.
Sin dudas, vivimos otros tiempos, otras formas de lucha. Debemos situarnos en el Uruguay de 2013, pensar estrategias para resolver el problema de la tierra. Vemos como a lo largo de la historia de nuestro país en cada período histórico aparece el problema de la tierra. Líderes Políticos del Partido Nacional y Colorado, manifestaron cuando se creaba el ICIR ‘el problema es lo que viene después’. De hecho, es razonable que estos señores estén preocupados por su vinculación a la forestación a la Asociación Hereford del Uruguay. Sus riquezas son parte de la pobreza y las injusticias de nuestro campo.
Pienso en el cuarto mandamiento de la Obra del Abogado Eduardo Couture ‘Pie de los mandamientos del Abogado’ (más conocido como el Decálogo del Abogado, cuando menciona: Procura La Justicia Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Seguramente este mandamiento se aplicó para lograr la patente única en el país.
Quizás el día que la sociedad en su conjunta entienda, que somos seres mortales, y que cuando cesa nuestra presencia terrenal, nada nos llevamos, a no ser el crecimiento espiritual, no somos ricos o pobres, de acuerdo al tamaño de nuestra alcancía”, concluyó.