Presentan proyecto de Ley de Competitividad para impulsar el empleo y reducir el costo de vida
El Poder Ejecutivo presentó este miércoles el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa que será remitida al Parlamento la próxima semana y que busca promover el empleo, facilitar la actividad empresarial, incentivar las inversiones y disminuir los costos que enfrentan tanto las empresas como los consumidores.
Durante la presentación en Torre Ejecutiva, el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que el texto está compuesto por más de 240 artículos organizados en cuatro grandes capítulos dedicados a la desburocratización, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y la reducción del costo de vida, así como el impulso a la innovación y la aceleración de las inversiones.
Acompañado por los ministros Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca), Oddone señaló que uno de los principales objetivos de la iniciativa es simplificar procesos administrativos para reducir tiempos y costos operativos.
Entre las medidas propuestas figura la creación de registros unificados, la fijación de plazos máximos para que la administración responda a determinados trámites, la aplicación del denominado “silencio positivo” cuando no exista respuesta dentro de los tiempos establecidos y la implementación de una plataforma de información positiva para facilitar el acceso al crédito de quienes mantienen un buen historial de pagos.
El proyecto también prevé el autodespacho aduanero, la digitalización de documentos notariales, la extensión de cinco a diez años de la vigencia de diversos registros sanitarios, la simplificación de sus renovaciones mediante declaraciones juradas y la posibilidad de tramitar habilitaciones de forma simultánea en lugar de secuencial.
En materia de competencia y precios, el Gobierno propone reducir barreras para facilitar la participación de múltiples importadores de un mismo producto, especialmente en áreas como los productos sanitarios, con el propósito de fomentar una mayor competencia y contribuir a la baja del costo de vida. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de la Comisión de Defensa de la Competencia, otorgándole mayor autonomía y herramientas para actuar tanto por denuncias como por iniciativa propia.
Otro de los ejes del proyecto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), consideradas las principales generadoras de empleo en el país. En ese sentido, se plantea la creación de un sistema gratuito de gestión empresarial, la unificación de trámites y la reducción de costos regulatorios, además de incentivos para el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y el fortalecimiento de plataformas de financiamiento colectivo.
Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se destacó que varias de las medidas responden a demandas históricas del sector productivo. Entre ellas se encuentran una plataforma digital para agilizar los procesos de la industria cárnica y un régimen simplificado para habilitar la elaboración artesanal de productos de la producción familiar, como quesos, chacinados y miel, manteniendo los controles de inocuidad alimentaria.
Por su parte, la Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo que el proyecto busca mejorar procedimientos y reducir cargas administrativas sin afectar la calidad de los controles sanitarios, al tiempo que promueve la innovación y la investigación como herramientas para generar desarrollo y atraer inversiones.
La Ministra de Industria, Fernanda Cardona, resaltó especialmente las medidas destinadas a fortalecer a las MiPyMEs, impulsar su internacionalización y modernizar distintos sectores productivos. Entre las propuestas mencionó cambios vinculados a alimentos y bebidas, metalurgia, minería, pesca y acuicultura, así como modificaciones al régimen de parques industriales y científico-tecnológicos y una ampliación de los beneficios fiscales asociados a determinadas inversiones.
Con este proyecto, el Gobierno aspira a construir un marco regulatorio más ágil y eficiente que contribuya a mejorar la competitividad de la economía uruguaya, fomentar la inversión y facilitar el crecimiento de las empresas, con el objetivo final de generar más empleo y beneficiar a los consumidores mediante una reducción de costos.
