Movimiento Uruguay Libre de Megaminería: Activistas critican contrato con Aratirí
Luego de que el subsecretario de Industria Edgardo Ortuño defendiera la firma del contrato con Aratirí, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sostuvo que es “inconveniente y posiblemente ilegal”. Los activistas reclaman que la empresa no cuenta con los permisos ambientales y no pagó la garantía requerida.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, conjunto de organizaciones contrarias a la instalación de la empresa Aratirí, respondieron este lunes a las declaraciones del subsecretario del Ministerio de Industria Edgardo Ortuño, quien confirmó tras el Consejo de Ministros que el contrato con la minera se firmará en “las primeras semanas de febrero”.
En un comunicado, las organizaciones critican “la campaña de prensa encomendada por el presidente José Mujica a sus ministros para defender el proyecto minero de Aratirí”, sosteniendo que se trata de “justificar la firma de un contrato con la minera sin haber cumplido los requisitos legales e institucionales fundamentales para asumir el compromiso”.
Si bien Ortuño remarcó este lunes que el contrato implicará que el emprendimiento solamente podrá realizarse con la autorización de la DINAMA, los activistas sostienen que “no se está exigiendo a la empresa que, previo a la firma del contrato, deposite la garantía de cumplimiento como lo exige la ley de Minería de Gran Porte”.
En efecto, el artículo 27 de la ley establece que “previo a la suscripción del Contrato de Minería de Gran Porte, el titular del proyecto deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, cuyo monto ascenderá al 5% de las inversiones programadas”.
El movimiento también rechaza que el Estado logre recaudar el 50% de las ganancias del emprendimiento, sosteniendo que “las deducciones habilitadas por la misma ley y que hacen de tales afirmaciones una perspectiva completamente falsa”.
“En ese sentido conviene recordar que el Estado ya recauda por Impuesto a la Renta de todas las Actividades Económicas (IRAE) el 25% de las ganancias y que el mecanismo de los precios de referencia a que alude el ministro, con márgenes de hasta un 10% y sin un control independiente del mineral exportado, es poco más que una medida voluntarista”, agrega.
Los activistas denuncian además que “la definición específica de los conjuntos económicos en la ley de minería de gran porte facilita a Aratirí la evasión impositiva por el manejo de los costos” y apuntan contra “la exención del pago del Impuesto al Patrimonio, el IVA, el IMESI y los aranceles de importación y exportación” que había anunciado el ministro de Industria Roberto Kreimerman en el Senado.
Por ese motivo, Movimiento Uruguay Libre de Megaminería reclama que es “inconveniente y posiblemente ilegal la firma de un contrato en tales condiciones”, agregando que ni la DINAMA ni la DINAMIGE han culminado los estudios que deben avalar el emprendimiento.
“Por estas razones y los graves impactos de orden social y ambiental que significan éste y otros proyectos similares, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está abocado a la recolección de firmas para que la ciudadanía decida, a través de un plebiscito nacional, si este es o no el futuro que desea para nuestro pueblo y nuestro país”, finaliza la declaración.
