¿Hacer cumplir las leyes o perseguir?

(Por Ariel Rodríguez) Ayer por la tarde al cruzar frente a Mastro Free Shop, me sorprendí al ver que sus puertas estaban cerradas. No fue posible hablar con Olga Sánchez, pero me acerqué a una funcionaria que estaba en la vereda. Se la notaba preocupada y no es para menos, no sé, pero cada 15 o 20 días su fuente de empleo se pone en riesgo, una vez más allí estaban trabajando los “eficientes” funcionarios montevideanos de la DGI, otra vez y realmente no se puede creer.
La empresa Mastro es cliente de NORTE, como de varios medios de comunicación de nuestra ciudad, confía en nuestro trabajo y es claro, es justo, es digno, que salgamos en su defensa, ello no debe sorprender a nadie, pero también viene bien aclarar que no se trata de una defensa a ciegas, tampoco precisa Mastro, ni Olga Sánchez de abogados, bien que los tiene.
No conozco en su totalidad el expediente, que viene de lejos, de 2004, cuando al “todopoderoso” “Z” se le ocurrió que todos defraudábamos e intentó transformar al comercio riverense en algo así como el símbolo de la corrupción. La Dirección General Impositiva, no de ahora, de siempre, actúa invirtiendo la carga de la prueba, es decir parte de la hipótesis que todos somos culpables, hasta demostrar que somos inocentes. No lo hace sólo en este caso, lo ha hecho con muchísimos comercios de Rivera y todo el país.
En 2004 si mal no recuerdo la DGI cierra las puertas de dicho comercio, pero luego la justicia determina que no se había actuado de acuerdo a derecho y en consecuencia invalida los actos que realizara dicho organismo. Una decisión que debiera haber sido acatada con humildad por la administración y en especial por sus soportes, por entonces el Cr. Zaindestad, terminó siendo una especie de afrenta, no se entendió que la empresa se había amparado en su legítimo derecho, por el contrario, entendieron que haber accionado los legítimos resortes judiciales, fue una burla a la DGI. De ahí en más, como el león que se siente mal herido, la administración, que es eso y nada más que eso y sus funcionarios que son eso y nada más que eso, empleados nuestros, volvieron una y otra y otra y otra vez a inspeccionar el comercio. Estamparon mil sellos y firmas, levantaron grandilocuentes actas y volvieron una y otra y otra vez, con un ánimo claramente revanchista, que se fue haciendo carne cada vez que la empresa logró rebatir los argumentos de los “genios” de la DGI y en base a derecho mantuvo sus puertas abiertas. Una y otra vez han vuelto y buscado y rebuscado. Ahora que me disculpe Olga Sánchez, por semejante atrevimiento, pero creo que idiota no es y me pregunto si alguien que maneja un negocio de ese porte y se sabe, desde hace cuatro años, siendo controlada con lupa, ¿caería en la estupidez de evadir?
No sé si mañana los medios capitalinos podrán titular la clausura de un free shop en Rivera, hasta es probable que ello ocurra. Lo que creo no debiera ocurrir es que el administrador, que el estado, se dedique a perseguir a sus contribuyentes, esa no es su tarea, ello no se compadece, ni cercanamente con su deber de hacer cumplir las leyes.
No soy abogado de Mastro y viene bien advertir a algún distraído que a esta altura de mi vida ya no necesito ser “alcagüete” de nadie. Creo que si al fin la DGI logra su obsesivo cometido de cerrar Mastro, ello no va a afectar demasiado el patrimonio de la familia Sánchez, pero sí estoy convencido que va a afectar la credibilidad en un sistema que no debiera actuar con saña. Es mala cosa que el administrador se sienta “todopoderoso”. Y si al fin logran su objetivo seguramente lograrán la hazaña de dejar a más de sesenta familias sin empleo, claro que los señores de la DGI continuarán cobrando sus suculentos sueldos y que conste que lo poco que he logrado en la vida fue gracias al esfuerzo de un funcionario de la DGI, pero que siempre actuó con ecuanimidad.
Permítame servirme otra (no de free shop), al fin de cuentas es fin de semana. ¡Salud!