Gobierno impulsa ley integral de empleo con inversión anual de 10 millones de dólares
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de Ley Integral de Empleo que prevé una inversión de 10 millones de dólares anuales con el objetivo de promover la inserción laboral en sectores vulnerables. La iniciativa, anunciada por el presidente Yamandú Orsi, apunta a fomentar el acceso al trabajo mediante subsidios salariales que oscilan entre el 25% y el 80%, según la situación de cada beneficiario.
La propuesta fue dada a conocer en la jornada de ayer, jueves 19, en Torre Ejecutiva, en una conferencia encabezada por Orsi junto al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. En la instancia, se detallaron los principales lineamientos del proyecto, que ya fue enviado al Parlamento.
El mandatario subrayó que esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia que vincula inversión y empleo. Recordó que días antes el Ejecutivo había presentado incentivos para atraer inversiones, entendiendo que el crecimiento económico debe ir acompañado de la generación de puestos de trabajo. En ese sentido, remarcó que la propuesta pone el foco en poblaciones con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes sin experiencia, mujeres jefas de hogar y personas mayores de 50 años.
El núcleo del proyecto consiste en la implementación de subsidios al salario que buscan incentivar a las empresas a contratar trabajadores de estos sectores. Según explicó Orsi, el Estado aportará recursos para facilitar la creación de empleo y abordar el problema laboral de forma conjunta con el sector privado.
Por su parte, Castillo destacó el carácter interinstitucional de la iniciativa, en cuya elaboración participaron diversos organismos, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Banco de Previsión Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Nacional de Desarrollo, además de institutos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional del Cooperativismo.
El ministro también expresó preocupación por el bajo aprovechamiento de herramientas vigentes, como la Ley de Empleo Juvenil, y señaló que se realizaron recorridas por todo el país para recoger aportes de trabajadores y empleadores, con el fin de elaborar una propuesta más ajustada a la realidad.
MÁS TRABAJO Y OPORTUNIDADES
El proyecto sustituye la Ley de Promoción del Empleo de 2021 y plantea un cambio de enfoque: pasar de un sistema centrado en modalidades de contratación a otro enfocado en las personas. La iniciativa amplía la población objetivo, incluyendo jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 50, mujeres jefas de hogar, personas afrodescendientes, trans, con discapacidad y personas privadas de libertad o recientemente liberadas.
En cuanto a los incentivos, se establecen subsidios diferenciados. Por ejemplo, jóvenes con más de tres meses de desempleo podrán acceder a subsidios de hasta el 33% del salario en el caso de mujeres y 25% para varones, mientras que en situaciones de vulnerabilidad estos porcentajes ascienden hasta 66% y 50%, respectivamente. Para mayores de 50 años, los beneficios son similares, y para colectivos como personas trans, con discapacidad o liberadas, el subsidio puede alcanzar hasta el 80%.
Las pequeñas empresas, con hasta 19 trabajadores, contarán con beneficios extendidos por hasta 18 meses, con una reducción progresiva en el segundo año.
CONDICIONES LABORALES PROTEGIDAS
La iniciativa también establece garantías en las condiciones de trabajo. Los contratos deberán tener una duración de entre seis y doce meses, con un período de prueba máximo de 45 días. Para menores de 18 años se fija una jornada máxima de 20 horas semanales, y se prohíben los horarios rotativos para jóvenes y mujeres jefas de hogar monoparentales.
Asimismo, se regula el programa “Yo Estudio y Trabajo”, que pasará a tener base legal y un sistema de acceso mediante sorteo. El proyecto también incorpora a empresas con participación estatal como posibles empleadoras.
En el ámbito público, se dispone que al menos el 50% de las contrataciones de becarios y pasantes estén destinadas a jóvenes bajo este régimen, con cuotas específicas para mujeres, personas en situación de vulnerabilidad, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans y mujeres víctimas de violencia de género.
Además, se prevé un subsidio de hasta el 50% de los aportes patronales para emprendimientos jóvenes cuya dirección esté integrada mayoritariamente por personas pertenecientes a los colectivos priorizados. Estos beneficios alcanzarán a diversas formas jurídicas, incluidas cooperativas y sociedades por acciones simplificadas.
Finalmente, el proyecto contempla el acceso prioritario de los beneficiarios a programas de capacitación y certificación de competencias, así como instancias de formación para empresas, con el objetivo de fortalecer tanto la empleabilidad como la gestión productiva.
