Gobierno de Río Grande del Sur decretó “Bandera Roja” para Santana do Livramento

La actualización del sistema de banderas de riesgo en el Estado de Río Grande del Sur ubica a 116 ciudades gaúchas -entre ellas, Santana do Livramento- bajo las reglas de la bandera roja, con el mayor riesgo de transmitir coronavirus, a partir de hoy, lunes.
Proporcionalmente, aproximadamente una cuarta parte (23,3%) de los municipios del Estado están en condición de alto riesgo. Los municipios afectados son parte de las regiones de Caxias do Sul, Santa María, Santo Ángelo y Uruguaiana, reclasificadas con la bandera roja, en un anuncio divulgado el pasado sábado por el gobierno gaúcho.
En las ciudades afectadas por la medida, durante al menos dos semanas, solo podrá funcionar el comercio esencial (como supermercados y farmacias).
Los restaurantes y bares también están prohibidos de recibir clientes, ya que solo pueden atender mediante la tele-entrega, drive-thru o para llevar. Tampoco pueden abrir gimnasios, templos religiosos, clubes sociales y deportivos, y peluquerías y salones de belleza.
En las ciudades con bandera roja, los cursos libres (como idiomas y artes) no pueden funcionar en forma presencial. Esta categoría de enseñanza se lanzará, a partir de hoy, únicamente para las regiones con bandera amarilla o anaranjada.

PREFECTOS DE LA FRONTERA OESTE DECIDEN NO CUMPLIR
RESTRICCIONES ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DE RS
En contra de las recomendaciones del gobierno de Río Grande del Sur, los once prefectos de la Asociación de Municipios de la Frontera Oeste (AMFRO) -que integra el Municipio Santana do Livramento- decidieron mantener criterios de “bandera naranja” en sus ciudades, en la lucha contra el coronavirus. La decisión fue unánime y se notificó en la noche de ayer, domingo, luego de una reunión de videoconferencia entre los jefes de los Ejecutivos Municipales.
La señalización de bandera naranja estaba vigente desde la semana pasada. El pasado sábado se cambió el nivel de bandera a rojo, según los nuevos cálculos de distanciamiento controlado. Según la Asociación, los prefectos mantendrán la decisión hasta que el Gobierno Estatal aclare los criterios adoptados para definir la nueva bandera para la región del suroeste gaúcho.
AMFRO remitirá al Ejecutivo un documento firmado por los once prefectos con una serie de preguntas. En el texto, solicitan que “el Estado analice las ponderaciones con base en números reales en cuanto al número de camas, hospitalizaciones clínicas y casos confirmados de COVID-19, teniendo en cuenta la singularidad de cada municipio”.
Según los prefectos de la frontera oeste, el Gobierno Estatal anunció nuevas medidas sin la existencia de un decreto que las regule. “Hasta que esto se haga, mantendrán activas las decisiones aplicadas por cada uno de ellos en sus decretos municipales”.
“Nosotros, los prefectos de AMFRO, no estando de acuerdo con los criterios adoptados, estamos cuestionando al Gobierno Estatal y hasta que esto se aclare, mantendremos la bandera naranja”, señaló en un comunicado el prefecto de São Gabriel, Rossano Gonçalves.
La bandera roja, en esencia, impone restricciones más estrictas respecto a las adoptadas en áreas con bandera naranja: solamente los establecimientos que venden artículos esenciales pueden estar abiertos, manteniendo el 50% de los trabajadores. Los demás locales de comercio deberán permanecer cerrados, entre otros cambios.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO HABLA DE
“IMPLICACIONES EN LA ESFERA CRIMINAL”
Según el Fiscal General del Estado, Eduardo Cunha da Costa, si se confirma el incumplimiento de los municipios, representará hoy al Fiscal General de Justicia y al Fiscal General del Ministerio Público de Cuentas.
“Cualquier alteración o medida adoptada en caso de incumplimiento, especialmente para aquellos con bandera roja, en este caso, representa el incumplimiento de una norma sanitaria que tiene implicaciones en el ámbito penal”, señaló Costa.
El fiscal señala que el delito está previsto en el artículo 268 del Código Penal, que es el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. “Si hay un cambio (de las banderas), el PGE también puede apuntar a una acción para la revocación y no solo el castigo, sino también para obligar al municipio a cumplir estas reglas”. Fuente: Gaúcha/ZH