El Congreso de Intendentes sesionó ayer en Nueva Helvecia
En la sesión celebrada en la jornada de ayer, en Nueva Helvecia, se reiteró por parte de varios intendentes la preocupación ante el avance en la discusión parlamentaria de la Ley de Ordenamiento Territorial que contiene artículos que violan la autonomía departamental, sin que se haya tenido en cuenta la opinión de todos los jefes comunales. Además se recibieron diferentes delegaciones.
A tales efectos de elevará un planteo formal por parte del Congreso de Intendentes a la Comisión de Legislación del Senado, en la que se expresará claramente las diferencias que marcan los Gobiernos Departamentales, no descartando que en caso de prosperar la iniciativa legislativa sin tomar en cuenta las observaciones se pueda plantear la inconstitucionalidad de la norma. En el mismo, el Congreso de Intendentes señala:
“Nueva Helvecia, 26 de junio de 2017.
El Congreso de Intendentes, en sesión de la fecha, resuelve trasmitir su profunda preocupación sobre el contenido y sobre la forma de tratamiento del proyecto de Directrices de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento Costero, en trámite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes respectivamente.
Sobre la forma de tratamiento, debemos enfatizar que ni los Gobiernos Departamentales individualmente, ni el Congreso de Intendentes como cuerpo, han sido partícipes del proceso, a pesar de lo establecido preceptivamente en la Ley 18.308.
Sobre el contenido, la representación del Congreso de Intendentes presentó por escrito en la única oportunidad que ha sido recibida a la fecha, una serie de objeciones de fondo y de oportunidad, que afectan la autonomía de los Gobiernos Departamentales, generan efectos retroactivos sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, aun en los casos en que tienen fuerza de ley en el ámbito departamental, aún en los casos de haber sido aprobados con el debido proceso establecido en la Ley 18.308.
Por lo expuesto, queremos trasmitir que, dada la gravedad de los hechos, es imprescindible comunicar al Sr. Presidente de la República, a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Senadores la firme decisión de todos los Gobiernos Departamentales de proteger sus competencias de rango constitucional que se verían afectadas en caso de aprobarse los texto con media sanción, recurriendo a todos los institutos establecidos en el marco normativo del país.
No obstante, el Congreso de Intendentes pone de manifiesto su mayor predisposición a aportar sus equipos técnicos, con la intención de aportar para que el trámite parlamentario logre los mayores consensos y se alcance, en definitiva, un marco normativo adecuado para todos los niveles de gobierno”.
CSD: CON EL FOCO EN EL DESARROLLO DEL INTERIOR
La Comisión Sectorial de Descentralización (CSD), que sesionó en la jornada de ayer, lunes 26 de junio en la ciudad de Nueva Helvecia (Colonia), aprobó varias obras de alto impacto territorial del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que están destinadas a mejorar la calidad de vida de varias comunidades del interior del país.
Entre los principales proyectos del FDI aprobados se encuentra el de “infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa”, una obra de casi 400 millones de pesos que consiste en la pavimentación de 196.000 m2 de calles con carpeta asfáltica en caliente y en la construcción de pluviales y canales de microdrenajes a los largo de 40 kilómetros.
Las obras, que mejorarán notoriamente la calidad de vida de los habitantes de la zona, buscan dar respuesta, con infraestructura acorde, al crecimiento de la ciudad, beneficiando la circulación vial y el drenaje de pluvial.
Unos siete mil habitantes de las zonas B1 y C1 de Ciudad de la Costa serán los destinatarios directos del proyecto.
Al mismo tiempo, la capital de Artigas verá sensiblemente mejorado el estado de las calles de su zona Este y Oeste, con una inversión del FDI de unos 13 millones de pesos destinada a la mejora de la infraestructura vial de esas zonas.
La inversión permitirá la extensión de la vida útil de las calles hasta en ocho años, bajará los costos operativos de vehículos y reducirá la cantidad de accidentes.