Gobierno e Intendencias instalarán oficinas de derechos humanos y diversidad en todo el país
En el marco del Mes de la Diversidad, el Gobierno anunció que, en coordinación con las Intendencias Departamentales, se instalarán oficinas de derechos humanos y de diversidad en todo el país. La medida surge en concordancia con lo resuelto por el Congreso de Intendentes y busca fortalecer la articulación territorial en la defensa y promoción de derechos.
El anuncio se realizó durante la jornada “Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+: Territorios Diversos en Diálogo”, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que reunió a representantes de la sociedad civil, la academia y organismos públicos. La actividad incluyó la presentación de un informe sobre las trayectorias laborales de personas trans, así como diversos aportes vinculados a la inclusión y la igualdad.
La estrategia se enmarca en el programa “En Cada Territorio, Más Derechos”, que promueve instancias de diálogo con comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales e instituciones públicas para identificar vulneraciones de derechos y generar soluciones conjuntas.
Además, la Secretaría trabaja en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que establece lineamientos en áreas como vivienda, educación, salud, género y diversidad. En coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), también se impulsa el acceso a cupos laborales para poblaciones vulneradas.
En materia educativa, el Gobierno ha colaborado en el Plan de Educación Sexual Integral y en la elaboración de la Guía de la Diversidad, con el objetivo de fortalecer la formación y la sensibilización en el ámbito escolar. En el plano internacional, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyó la renovación del mandato del experto independiente de la ONU sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid.
La Secretaría de Derechos Humanos destacó que estas acciones, sumadas a otras iniciativas institucionales vinculadas a la situación de las personas privadas de libertad, buscan consolidar una política de Estado integral y sostenida para garantizar derechos en todo el territorio nacional.
