Fiscalía de Rivera de 3° Turno imputó a dos hombres y una mujer por trata de personas

Como informado en las páginas de NORTE, días atrás el Juez Penal de 2º Turno de Rivera, Dr. Gaspar Ardao Amorín, formalizó a tres personas por los delitos de “Trata de personas y asociación para delinquir” como resultado de la investigación realizada que permitió lograr la liberación de cuatro migrantes que se encontraban en cautiverio en una casa del Barrio La Pedrera, y que era gestionada por una organización no gubernamental (ONG).
Las personas formalizadas son los dos responsables de la ONG denominada “Operación Rescate”: una mujer de 55 años de iniciales B.N.D.S.B. y su pareja de iniciales S.A.D.F.R. de 63 años, además de un hombre de iniciales R.U.U.
De acuerdo a lo manifestado por la Fiscal actuante, Dra. Stella Alciaturi, la causa se inició en febrero de este año, luego de que la Dirección Nacional de Migraciones presentara en Fiscalía una denuncia de que varios migrantes cubanos, que habían sido rechazados por no cumplir con las condiciones para ingresar como refugiados, lograron ingresar al país y que muchos de ellos habían mantenido contacto con la organización mencionada.
Se estaba recolectando evidencia sobre la organización hasta que el 1 de junio, la solicitud de auxilio expresada por los cuatro migrantes llevó a la intervención policial en la Operación Zunzún, la cual permitió liberarlos de su cautiverio.
Con la premura del caso, y por las condiciones de vulnerabilidad implicadas, las víctimas declararon como prueba anticipada en la causa. Se trata de dos ciudadanos cubanos, y una ciudadana venezolana con una hija de dos años, quienes habían llegado hace dos meses a nuestro país.
A partir de ese hecho, la fiscal actuante, Stella Alciaturi, recibió llamadas de otras víctimas de que se encontraban en otra casa de la misma organización delictiva y una quinta persona a quien la organización delictiva le dio ingreso ilegal al país, así como otras personas que se comunicaron desde otros departamentos.
De acuerdo a las declaraciones, en la Terminal de Ómnibus de Rivera el individuo de iniciales R.U.U. se acercaba a los migrantes y les ofrecía el viaje a Montevideo en taxímetro por entre 500 y 1.500 dólares, eludiendo los controles a través de caminos vecinales o los conectaba con transportistas brasileños si el traslado era hacia otros destinos de la región.
La misma persona les ofrecía el contacto con la ONG si no podían abonar el viaje y les regalaba un chip para comunicarse con la organización. La ONG luego del primer día de estadía gratuito comenzaba a cobrarle el alojamiento con un valor que variaba entre 5 y 100 dólares diarios. Los migrantes vivían en condiciones deficitarias, privados de su libertad y bajo la amenaza constante de ser denunciados y deportados si no pagaban.
“Los co-imputados integran un grupo criminal organizado que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”, expresa la Fiscal en la formalización.
La Dra. Alciaturi explicó que quienes se contactaron con la Fiscalía habían obtenido la calidad de refugiados, por lo que tienen regularizado su ingreso, pero recordó que quienes no la obtuvieron y fueron captados por la organización también pueden declarar en calidad de víctimas. El informe con el pedido de formalización está disponible en el sitio web de la Fiscalía General de la Nación.