Junta Departamental: Planteos sobre seguridad vial, capacitación y convivencia ciudadana

La Junta Departamental de Rivera realizó el miércoles, desde las 19:30 horas, una sesión ordinaria en la Sala de Sesiones “José G. Artigas”. Durante la media hora previa, seis ediles de los partidos Colorado, Nacional y Frente Amplio expusieron inquietudes y propuestas relacionadas con la salud, la equidad de género, el tránsito, la capacitación laboral, la seguridad pública, el estado de las rutas y la convivencia ciudadana.
Laura Domínguez (PC) abrió las intervenciones con planteos vinculados a la salud de las mujeres, el reconocimiento de las trabajadoras rurales y la prevención de la violencia basada en género. En el marco de Octubre Rosa, solicitó información a la Dirección Departamental de Salud sobre las acciones destinadas a facilitar el acceso a controles y servicios de prevención del cáncer de mama en localidades y zonas rurales del Departamento, destacando la importancia de la descentralización de la atención sanitaria.
Asimismo, reclamó fortalecer las herramientas de capacitación, acceso al crédito y apoyo a la producción familiar para las mujeres rurales. De cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pidió conocer las actividades y campañas previstas por la Oficina de Equidad y Género de la Intendencia, así como las acciones descentralizadas para el interior. Solicitó que sus planteos fueran remitidos a las comisiones de Equidad y Género y de Salud y Medio Ambiente, a la Dirección Departamental de Salud y a los Municipios de Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero.
Por su parte, Pablo Mello (PN) centró su intervención en distintas dificultades relacionadas con el tránsito y el transporte en la ciudad de Rivera. Cuestionó la circulación vehicular en las inmediaciones del estadio, particularmente en la intersección de Avda. Italia y Mario Basualdo, donde advirtió sobre maniobras desordenadas, el incumplimiento de las preferencias y la exposición de los peatones. Propuso estudiar la instalación de semáforos y reclamó soluciones concretas por parte de la Dirección General de Tránsito y Transporte.
También manifestó preocupación por los cambios de sentido de circulación en la zona del hospital y el barrio Insausti, al considerar que podrían dificultar el desplazamiento de ambulancias y de los propios vecinos. A estos problemas sumó deficiencias del transporte público, dificultades en los alrededores de centros educativos, falta de ordenamiento en el estacionamiento de ómnibus procedentes de Brasil, problemas de circulación en el centro y situaciones de riesgo en la zona de Paul Harris. Ante la reiteración de estos reclamos, solicitó la comparecencia del Director de Tránsito y Transporte ante la Junta para que informe sobre las evaluaciones realizadas y las medidas previstas.
La edila Laura Martínez (FA) trasladó propuestas de vecinos de distintos barrios relacionadas con la capacitación laboral, el aprovechamiento de los centros barriales y la recuperación de espacios comunitarios. Planteó ampliar y dar continuidad a los cursos de formación en oficios, informática, administración e idiomas, procurando que las propuestas lleguen a más barrios y otorguen certificados que contribuyan a mejorar las oportunidades de inserción laboral.
Además, propuso estudiar mecanismos accesibles para el uso de los salones de los centros barriales, mediante préstamos o alquileres a costos asequibles y con reglas claras. En particular, solicitó evaluar la recuperación del salón comunal de La Estiba, señalado por los vecinos como un espacio que se encuentra en estado de abandono.
Martínez también reclamó mejoras en los espacios públicos de La Arenera, Villa Sonia y La Estiba, con especial atención a la instalación de juegos infantiles, bancos, iluminación y equipamiento para la recreación y la actividad física. Su planteo apuntó a conocer las capacitaciones que actualmente se ofrecen, las posibilidades de ampliar su alcance y la planificación de la Intendencia para mejorar las instalaciones comunitarias y los espacios de encuentro.
En materia de seguridad pública y reinserción social, Santiago Camargo (PN) presentó inquietudes relacionadas con las personas que solicitan dinero en las calles, especialmente en las inmediaciones de comercios y espacios públicos, cuando estas situaciones generan incomodidad o preocupación entre los vecinos. El edil aclaró que su planteo no apunta a criminalizar a quienes piden ayuda, sino a analizar las situaciones que afectan la convivencia y las posibles respuestas institucionales.
En ese contexto, propuso estudiar las dificultades que pueden enfrentar las personas que recuperan la libertad tras cumplir condenas en la Unidad Nº 12 de Cerro Carancho, particularmente aquellas que carecen de recursos económicos, empleo o redes familiares. Sin establecer una relación directa entre estas circunstancias y quienes solicitan dinero en la vía pública, consideró necesario conocer los mecanismos de acompañamiento y reinserción disponibles.
Camargo solicitó que el asunto fuera estudiado por la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos de la Junta. Entre las medidas propuestas, incluyó solicitar información al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) sobre los egresos y los mecanismos de apoyo existentes, requerir datos a la Intendencia y a los organismos involucrados sobre la ejecución y los resultados del convenio de reinserción sociolaboral anunciado en agosto, y convocar a representantes institucionales para analizar posibles soluciones. También planteó estudiar un protocolo de preparación para el egreso y acompañamiento de las personas liberadas, con coordinación de asistencia social y oportunidades laborales, y propuso que la comisión celebrara una primera instancia de trabajo dentro de los siguientes 60 días.
El edil Edinso Rosas (PC) advirtió sobre las condiciones de la Ruta Nacional Nº 30, en el tramo comprendido entre la Ruta Nº 5 y la subida de Pena, próximo a Tranqueras. Señaló el deterioro del pavimento, con pozos de dimensiones considerables que obligan a los conductores a realizar maniobras riesgosas, y la proliferación de vegetación en las banquinas y márgenes, que reduce la visibilidad y dificulta el uso de esos espacios ante una emergencia.
Rosas recordó que en julio había presentado, junto a un edil del Frente Amplio, un planteo ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para solicitar reparaciones en distintos sectores de la ruta. Sin embargo, sostuvo que los trabajos paliativos tuvieron una duración limitada y que el estado de la vía ha empeorado. Por ese motivo, reclamó una evaluación de la calzada, reparaciones adecuadas y tareas urgentes de limpieza y desmalezado, solicitando que la Junta remitiera el planteo al Ministerio, a las dependencias de vialidad correspondientes y a los medios de comunicación.
Finalmente, Roberto Machado (PC) se refirió a la educación de niños y adolescentes, la responsabilidad de las familias y la necesidad de fortalecer las normas de convivencia. El edil sostuvo que el establecimiento de límites, el respeto y el ejemplo de los adultos son fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. También manifestó preocupación por lo que considera un debilitamiento de la autoridad de padres, docentes y otras instituciones, y llamó a recuperar el valor de la responsabilidad y el respeto por las reglas comunes.
Otro de los aspectos señalados por Machado fue la presencia de adolescentes de entre 14 y 17 años en las inmediaciones de locales bailables, donde, según expresó, se observa consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias. Ante esta situación, reclamó una fiscalización más estricta y coordinada en los lugares de expendio de alcohol, los espacios públicos y los entornos de centros educativos y de esparcimiento. En ese sentido, solicitó una actuación firme de las autoridades del INAU, la Jefatura de Policía de Rivera y las dependencias competentes de la Intendencia Departamental, dentro de sus respectivas atribuciones.
Las seis intervenciones abordaron distintas problemáticas de la realidad departamental, desde el acceso a los servicios de salud y las oportunidades de formación hasta el ordenamiento del tránsito, la seguridad vial, la reinserción social y la convivencia ciudadana, con solicitudes de información, estudios y actuaciones dirigidas a los organismos responsables.