Intendentes no están de acuerdo en responsabilizarse de cobro de seguro contra terceros, para motos

Los intendentes del interior, incluyendo a los oficialistas, advirtieron que no están en condiciones de fiscalizar el seguro obligatorio que se pretende establecer para las motos.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno respecto a la obligatoriedad de tener un seguro contra terceros para hacer frente a los daños que pueda ocasionar un vehículo quedó postergado ayer en la Cámara de Diputados tanto por un pedido del Partido Nacional como por las objeciones de los intendentes del interior del país.
Algunos de los jefes comunales frenteamplistas advirtieron ayer que no cuentan con los recursos humanos suficientes para encargarse de la fiscalización y advierten que será imposible aplicar la ley en la práctica.
Indican que la gran mayoría de las intendencias del interior se enfrentará a esta dificultad y que solo Montevideo podrá cumplir con las exigencias sin ver afectado su funcionamiento normal, sostienen que la capacidad inspectiva de los gobiernos comunales quedaría desbordada en caso de que las intendencias se vean obligadas a fiscalizar y controlar que los vehículos cumplan con la normativa.
En contrapartida a los efectos negativos que los jefes comunales prevén en caso de que se apruebe la ley tal como está en el Parlamento, los intendentes plantearon propuestas para evitar dificultades. Varios de los jefes comunales consultados pretenden que sean las propias empresas aseguradoras quienes se encarguen de fiscalizar los seguros contra terceros en las motos. De todos modos, hay dudas acerca de si el Banco de Seguros (BSE) cuenta con una infraestructura que le permita realizar los controles en todo el país. Por otro lado hubo una propuesta para que las intendencias reciban un porcentaje de la recaudación para financiar los costos.
Otros creen que lo mejor sería crear un organismo nacional que inspeccione a todo el país para evitar que las intendencias tengan que utilizar recursos y personal propio. Hay quienes comparan la fiscalización de los seguros contra terceros con los referidos a accidente de trabajo, donde inspectores designados por el BSE controlan empresa por empresa el cumplimiento de los reglamentos establecidos por ley.
Estaba previsto que este proyecto se votara el martes en Diputados. Sin embargo, la discusión fue postergada a pedido del Partido Nacional. No obstante, el diputado Gustavo Borsari manifestó su objeción a la excepción para las motos de hasta 70 centímetros cúbicos, las cuales tendrán el beneficio del seguro por tres años sin tener que pagar, que el proyecto libra a la reglamentación de la ley.
«Yo no podría cumplir con la ley. No tengo recursos humanos para llevarla a la práctica», dijo el intendente Juan Giachetto.
Consideran los jefes comunales que la capacidad inspectiva de las intendencias se puede ver deformada si se pretende que sean quienes salgan a fiscalizar el seguro obligatorio para las motos.