Gobierno impulsa proyecto de ley para fortalecer la competitividad y facilitar el comercio exterior
El Presidente de la República, Yamandú Orsi, presentó un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de negocios en Uruguay, junto al Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La iniciativa incluye una agenda de reformas microeconómicas y un proyecto de ley que será enviado al Parlamento antes del 31 de mayo.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva, el mandatario destacó que, si bien Uruguay es reconocido por su estabilidad macroeconómica, sus reglas claras y la seguridad jurídica, aún existen desafíos vinculados a la agilidad, los costos y la eficiencia de los controles. En ese sentido, subrayó que el objetivo es avanzar hacia un país más dinámico, con mejores condiciones para la inversión y el desarrollo.
El proyecto de ley de competitividad e innovación estará estructurado en cuatro ejes: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites. Orsi remarcó la importancia de que la iniciativa logre respaldo parlamentario y se convierta en ley, confiando en la capacidad del sistema político para alcanzar acuerdos en torno a estas reformas.
Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que la propuesta ya fue presentada a cámaras empresariales, universidades y analistas, y que se abrirá un proceso de diálogo con consultoras y sindicatos. Además, el Gobierno habilitó un período para recibir aportes del sector privado hasta el 24 de abril, con el objetivo de enriquecer el proyecto.
Oddone señaló que las medidas previstas permitirían un ahorro estimado de unos 20 millones de dólares anuales en el comercio exterior. Asimismo, enfatizó que la mejora de la competitividad no debe depender de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, sino de intervenciones específicas que corrijan distorsiones en distintos sectores.
Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la sustitución de certificados por declaraciones en importaciones y exportaciones, lo que simplificará unos 25.000 trámites anuales. También se avanzará en la digitalización total de la documentación aduanera, eliminando el uso de papel en unas 400.000 operaciones al año, con el consecuente ahorro en costos administrativos.
El paquete incluye además la adopción de buenas prácticas internacionales, como la posibilidad de diferir el pago de obligaciones dentro del mismo mes del despacho mediante garantías, lo que reducirá la necesidad de financiamiento para las empresas.
Otro de los cambios relevantes será la optimización de los controles aduaneros, estableciendo que las inspecciones más rigurosas se apliquen únicamente en función de criterios de riesgo, con el fin de evitar demoras innecesarias en el despacho de mercaderías.
Asimismo, se prevén beneficios para los operadores económicos calificados, quienes contarán con menores exigencias en los controles y mayor rapidez en la devolución de tributos. También se impulsarán medidas específicas para el transporte ferroviario, mediante la simplificación de los mecanismos de control aduanero, con el objetivo de reducir costos logísticos.
Con este conjunto de acciones, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema más eficiente, que facilite el comercio exterior, promueva la inversión y contribuya a la generación de empleo en un contexto global cada vez más exigente.
