Enviaron proyecto de ley que unifica las multas en todo el país con sensible aumento en multas

El gobierno prevé un fuerte aumento en las multas de tránsito, en especial de las que generan mayor cantidad de accidentes, y unificará los valores para todo el país.
El conducir bajo los efectos del alcohol, pasará de tener una sanción de $ 20.000 (35 UR). Quien se niegue al examen de espirometría deberá pagar $ 57.400. El exceso de velocidad también aumentará sensiblemente, así como el conducir sin habilitación, el no utilizar cinturón de seguridad o casco, la desobediencia a las indicaciones de los agentes de tránsito y el estacionar en lugares prohibidos, entre otras infracciones de tránsito.
La iniciativa de unificar las sanciones en todo el país responde a la diferencia de los valores de las multas que hoy rigen. Según indica la exposición de motivos del proyecto de ley, ese hecho deja a los usuarios “expuestos a un tratamiento diferente ante el desarrollo de igual conducta, dependiendo entonces la pena del lugar donde se produjo la infracción”.
El proyecto, fue elaborado entre la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Policía de Tránsito y Policía Caminera, el Ministerio de Transporte y las direcciones de Tránsito de las intendencias de todo el país, tiene como objetivo otorgar un mayor rigor a aquellas conductas que evidencian un mayor riesgo para la seguridad de los usuarios en general.
Para establecer los valores de las multas se realizó un comparativo de todas las sanciones vigentes en el país. Se optó por elegir “la sanción de mayor valor ya existente y vigente” en el ordenamiento jurídico “con excepción de algunas figuras que por su gravedad e incidencia en la siniestralidad vial se proponen valores superiores a los ya existentes”.
A pesar de que la redacción contó con el acuerdo de las intendencias, en el texto se advierte que en relación con la “posible objeción” que viene ligada al aumento de valores de las multas para algunas comunas, el régimen punitivo que se toma como base son los valores del Reglamento Nacional de Seguridad Vial que ya es aplicado por algunos gobiernos departamentales.
Según el Poder Ejecutivo, Uruguay está “lejos” de los regímenes de sanciones existentes a nivel internacional “que provocan realmente un efecto disuasorio de las conductas de los usuarios en el tránsito”, pero considera que en esta etapa inicial es necesario “emparejar” el régimen y dar un tratamiento diferencial a las conductas de peligro.