Cordero apeló extradición

El militar retirado Manuel Cordero, acusado de participar en la Operación Cóndor, apeló ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para evitar su extradición a Argentina. Según informó la corte ayer, lunes, Cordero entiende que se le debería aplicar la ley de amnistía brasileña, de 1979, por la cual se perdonaron los crímenes de la dictadura en este país.
Cordero, arrestado en Brasil en 2007, presentó un recurso para interrumpir el proceso de extradición que el Supremo Tribunal Federal aprobó el pasado agosto. La corte entendió en ese momento que Cordero debería ser extraditado a Argentina, donde se le acusa de la desaparición de diez personas, el secuestro de un bebé y de 32 casos de torturas contra detenidos en 1976.
La extradición también fue inicialmente solicitada por Uruguay, pero este pedido fue rechazado porque los crímenes fueron cometidos en Argentina.
El militar aguarda su extradición en régimen de prisión domiciliaria en la vecina ciudad de Santana do Livramento.
Cordero se definió como un “prisionero de guerra”, señalando que fue partícipe de “una guerra irregular” en la que se vio obligado a participar. “Yo duermo todas las noches, pero esto no tiene justificación, ni la busco; una guerra no tiene justificación, por más que la busque para arriba, para abajo y para el costado ¿cómo se van a justificar esos disparates?”, señaló.
En enero, los abogados de Cordero presentaron dos recursos de habeas corpus, uno para intentar anular el juicio de extradición y otro para que se le permita trasladarse a Porto Alegre, la capital regional, para someterse a una operación cardiaca.
La defensa alega que el militar no fue acusado formalmente en ningún tribunal de Argentina y que, en la solicitud de extradición, se omitió el compromiso de no aplicarle la pena perpetua, lo que incumpliría los tratados entre ambos países, puesto que en Brasil la pena máxima es de 30 años de prisión.
La ley de la Amnistía a la que intenta acogerse Cordero es debatida precisamente en la corte suprema a pedido de la Orden de los Abogados de Brasil, y podría ser derogada. El texto perdonó todos los crímenes con motivación política, lo que dejó impune al aparato de represión del régimen militar y también permitió el regreso al país de los exiliados políticos.
El Gobierno de Brasil tiene previsto instalar en los próximos meses una Comisión de la Verdad para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período de la dictadura (1964-1985).