Comisión de Personas con Discapacidad avanza en la articulación de políticas de discapacidad
La Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (CIPEDI) se reunió el pasado martes en la sala del Congreso de Intendentes para avanzar en la articulación de políticas públicas en materia de discapacidad en Uruguay. Durante la jornada, la comisión recibió a Federico Lezama, director del área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), quien presentó los lineamientos estratégicos del gobierno en este ámbito. Por su parte, Karen Sass, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expuso sobre las acciones de la institución para fortalecer la inclusión y el respeto de los derechos humanos mediante el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de Discapacidad.
En la presentación del MIDES se detallaron los ejes fundamentales de la “Estrategia 2030”, diseñada para institucionalizar una política pública de discapacidad que integre datos estadísticos y un plan de acción concreto. Según el Censo Nacional 2023, en Uruguay residen cerca de 197.000 personas con discapacidad, lo que representa el 6,6% de la población total. Estos datos muestran importantes brechas en educación y empleo: solo el 53% alcanza la educación primaria como máximo nivel, frente al 26% de la población sin discapacidad, y la tasa de empleo entre las personas con discapacidad es de 55%, significativamente menor que el 80% de quienes no presentan discapacidad, mientras que el desempleo es casi el doble. La distribución demográfica refleja que casi la mitad de este colectivo tiene 65 años o más, con predominio femenino (62%).
La nueva institucionalidad propuesta se apoya en tres pilares: la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, que definirá la agenda política y coordinará las acciones interinstitucionales; el Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que asumirá la dirección y rectoría de las políticas; y la Comisión Nacional de Participación de las Personas con Discapacidad, que ofrecerá espacios de participación, asesoramiento y control con recursos económicos y personería jurídica. Esta estructura representa un avance respecto a la evolución histórica iniciada en 1987 con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.
Entre los instrumentos innovadores se destaca el Baremo Único Nacional (BUND), creado por la Ley 20.378 y el Decreto 72/025, que permite evaluar de manera multidimensional el desempeño de la persona en contexto, considerando el apoyo disponible y utilizando la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la OPS/OMS. Además, se presentó un primer Plan Nacional de Acción para 2025-2030 que abarca diez líneas estratégicas, desde accesibilidad, educación y salud hasta empleo, vivienda, justicia y cultura, incorporando cortes transversales sobre género, cuidados y prevención de violencia. El plan incluye la implementación de un “Monitor Ciudadano” para dar seguimiento público a los avances en distintos ámbitos.
Finalmente, la CIPEDI destacó la campaña pedagógica orientada a la transformación cultural, que busca promover el respeto por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, combatir prejuicios y reconocer su aporte en la sociedad. Entre las herramientas de esta iniciativa figuran la plataforma “Borde | Relatos al margen”, que recopila experiencias desde la perspectiva de las personas con discapacidad, y una gira nacional por los 19 departamentos en conmemoración de los 20 años de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La comisión subrayó el compromiso de los gobiernos departamentales para articular esfuerzos con el nivel nacional, avanzando hacia una sociedad más inclusiva y efectiva, “de las políticas de las buenas acciones a la política de las acciones necesarias”.
