Preocupación por calles y obras de Mandubí en la Cámara de Diputados

El Edil Departamental de Rivera, Saúl Aristimuño, asumió el pasado 15 de febrero, en la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, como Diputado suplente por Montevideo, electo el pasado mes de octubre. Optando por un sistema de trabajo en equipo, Aristimuño es el primer suplente del novel diputado Felipe Carballo, séptimo de la lista del MPP por Montevideo. El riverense es un notorio dirigente nacional de la lista 711 liderada por Raúl Sendic, siendo electo, por acuerdo, por el MPP.
En su segundo ingreso a la Cámara Baja, Aristimuño formuló en una exposición escrita la preocupación de los riverenses por la situación de las calles y obras de infraestructura del barrio Mandubí.
En la misiva, dirigida a la Presidenta de la Cámara de Representantes Prof. Ivonne Passada, manifiesta:
“En concordancia con el artículo 155 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, formulo la siguiente exposición escrita. La misma tiene que ver con nuestra preocupación por una obra de infraestructura física de importancia para el departamento de Rivera que, de acuerdo a la información que hemos reunido, no ha sido ejecutada conforme a las exigencias del pliego de condiciones, a la vez que se han omitido los controles por parte de las autoridades departamentales.
Se trata de un proyecto presentado en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV, para lo cual el gobierno uruguayo recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 75 millones. La autorización de proyectos estuvo a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En el caso de Rivera, se aprobó un proyecto de la Intendencia, cuya inversión superó los $ 60 millones, obra que fue encomendada a una empresa privada mediante licitación pública.
El objetivo del llamado (efectuado en 2007) fue la ejecución de obras de saneamiento y vialidad en la zona sur del departamento de Rivera, persiguiendo como fin reordenar el tránsito vehicular, desviando la circulación de camiones de carga del centro de la planta urbana, particularmente los de empresas forestales.
Por tratarse de una obra pensada para un constante pasaje de vehículos y considerando las características del transporte de carga, se establecieron condiciones especiales para la obra, en cuanto a su resistencia y duración.
Una de las condiciones fue que los trabajos debían desarrollarse en un plazo no mayor a doce meses, lo cual fue incumplido por la empresa, que terminó la obra en 2009.
Pero el motivo central de nuestra preocupación es que a un año de inaugurada la nueva vía, el asfalto presenta fisuras de gran tamaño y varios tramos muestran avanzado deterioro. Fue un proyecto pensado como una solución a largo plazo y, lamentablemente, nos encontramos con esta situación que resulta difícil de entender.
Se ha argumentado por parte del gobierno departamental de Rivera, que las roturas se irán solucionando con un fondo de garantía que depositó la propia empresa, tal como estaba estipulado en el pliego del llamado. Sin embargo, ese monto solo equivale al 5% de la inversión, lo que nos lleva a concluir que es claramente insuficiente para solventar los costos producidos por los daños.
Pero más allá de esa circunstancia, lo que llama poderosamente la atención es la ausencia de mecanismos de contralor y la omisión de ordenar una auditoría para determinar responsabilidades.
Pensamos que la Facultad de Ingeniería podría llevar a cabo una inspección de la obra realizada, especialmente porque sería oportuno determinar si la empresa siguió los procedimientos técnicos especificados en la convocatoria y posterior contrato.
Se trata de un proyecto con fondos del BID, coordinado por la OPP, supervisado por la Intendencia de Rivera y ejecutado por un privado mediante licitación pública internacional. El contexto amerita, según nuestro punto de vista, plena rigurosidad en los controles.
Además, la población de Rivera necesita explicaciones, porque más allá del buen fin que perseguía este proyecto, también se utilizaron fondos departamentales en el proceso de ejecución de los trabajos.
Por todo ello es que solicitamos que la OPP tome cartas en el asunto, coordine una auditoría con la Intendencia de Rivera para establecer si hubo incumplimiento y, en tal caso, también investigar posibles responsabilidades del gobierno departamental.
Entendemos que con un estudio de suelo en las capas asfálticas y la base granular, se puede determinar con precisión la cantidad y calidad de materiales empleados”.
Solicitó que sus palabras sean enviadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Intendencia de Rivera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Según fuentes bien informadas, en los últimos días visitó Rivera y en particular al arquitecto José Mazzoni, un ingeniero de la Dirección de la Unidad de Desarrollo Municipal de la OPP, anticipándose a la expresión de preocupación del Diputado (suplente) Saúl Aristimuño.