OPP invirtió $ 251 millones en electrificación rural, beneficiando a 2.322 personas y 11 escuelas

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) invirtió 251 millones de pesos entre 2016 y 2019 en la cobertura de energía eléctrica para 894 familias, que abarcan 2.322 personas, y 11 escuelas. En convenio con UTE y otros organismos del Estado, se alcanzaron los 1.499 kilómetros de tendido eléctrico. Uruguay se consolidó como el país más electrificado de América Latina, con una tasa cercana al 99,9%.
El programa de Electrificación Rural surgió en 2012 y fue renovado en 2016, a fin de cubrir la demanda insatisfecha en el interior del país y llegar al 100% de la cobertura de la red eléctrica nacional, recordó el organismo. Hasta 2016, accedieron a la energía eléctrica 760 familias y 12 escuelas, con 1.245 kilómetros de tendido eléctrico y un presupuesto de 107 millones de pesos. Tras su transformación, el programa firmó convenios con 124 grupos compuestos integrados por 894 familias, un total de 2.322 personas.
Forman parte de la iniciativa, además de la OPP, los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Desarrollo Social, de Industria, Energía y Minería, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MEVIR, el Instituto Nacional de Colonización y las empresas públicas UTE y ANTEL. Cada organismo dispone de un delegado en la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural (CIER), la cual se reúne mensualmente para analizar las solicitudes de proyectos de electrificación presentadas.
La OPP brinda un subsidio equivalente al 40% de los costos de las obras, a la vez que UTE aporta los recursos materiales necesarios para la concreción del proyecto, tales como cables, postes, columnas y transformadores. Los vecinos presentan sus solicitudes a través de proyectos comunitarios y tienen la posibilidad de abonar el importe restante de la conexión hasta en 60 cuotas con el recibo de la tarifa eléctrica, una vez finalizada la obra.
En su rol de ente rector de la distribución de energía eléctrica, UTE realiza el control de calidad de la obra y concreta el pago a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza su finalización. Por su parte, instituciones como el Ministerio de Ganadería, MEVIR y Colonización articulan el trabajo a nivel territorial para facilitar la labor conjunta entre el Estado y los vecinos beneficiarios.