Minera Orosur pide al gobierno préstamo de US$ 20 millones para nuevo yacimiento

La empresa canadiense Orosur Mining, única compañía dedicada al procesamiento y explotación de oro en el país, presentó ante el gobierno dos propuestas formales que incluyen la solicitud de financiamiento por entre US$ 15 millones a US$ 20 millones para la explotación de un nuevo yacimiento de oro en la localidad de Minas de Corrales.
En diálogo con El Observador, el CEO de la empresa, Ignacio Salazar explicó que el proyecto (Veta A) podría proporcionar una vida útil adicional de 2 a 4 años a la explotación. El ejecutivo indicó que a cambio del préstamo y del permiso ambiental la compañía se compromete a volcar la totalidad de los ingresos netos en exploración en Uruguay.
Según la compañía, en quince años de actividad los accionistas recibieron renta solo en 2007 y en una cantidad simbólica, porque la estrategia se concentró en reinvertir en exploración con el objetivo de aumentar la vida de la mina. “La empresa se compromete a dedicar todos los ingresos netos en exploración en Uruguay sin que los accionistas reciban nada por este proyecto. El país va a recibir potencialmente entre US$ 50 millones y US$ 80 millones con Veta A en salarios, impuestos, compras, etcétera”, dijo el ejecutivo.
“Además, la empresa se compromete a buscar inversores privados para aumentar la exploración que genere más mineral post Veta A. A cambio se pide el préstamo, garantía de que el permiso ambiental estará a tiempo y una asociación con el gobierno que confirme que después de Veta A, Loryser (subsidiaria) no queda de nuevo en concurso o peor a como estamos ahora”, explicó Salazar.
En los últimos dos trimestres la producción en Minas de Corrales fue más baja respecto a 2017 dado que el material extraído y procesado fue de un grado inferior al previsto. Eso también implicó un aumento de los costos. A mediados de junio Loryser entró en un proceso de reorganización debido a restricciones financieras y se declaró en concurso de acreedores.
En el complejo minero se desempeñaban unos 340 trabajadores, de los cuales unos 260 están en seguro de paro. En enero se dejó de trabajar en canteras de cielo abierto y el recurso está próximo a terminarse en los yacimientos operativos.
“La empresa tiene claro, que al fin del día dependerá de una consideración política al más alto nivel, que no es fácil. (…) Es positivo ver que el gobierno está involucrado en el nivel correcto, varios ministros y el presidente para que puedan tomar la decisión”, dijo Salazar.

UN PROYECTO “COMPLEJO” QUE REQUIERE PERMISO ESPECIAL
El proyecto Veta A es “complejo” e inédito en el país dada sus características dijo semanas atrás a El Observador el director nacional de Minería y Geología, Néstor Campal. La mina subterránea iría debajo de una vieja presa de relaves, es decir un lugar en donde se depositaban los desechos del proceso que se realiza para obtener el oro.
La compañía cree que el proyecto es factible desde una perspectiva ambiental y presentó un informe técnico de 160 páginas a las autoridades. Todavía no envió la solicitud de viabilidad ante la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) que ha catalogado el yacimiento como de categoría C (impacto ambiental importante).
“Sería irresponsable que Loryser, en un proceso de concurso, siga gastando dinero en Veta A sin un compromiso del gobierno para llegar a un acuerdo. Así que no estamos progresando con el proceso de permisos ambientales hasta que alcancemos ese acuerdo general con el gobierno”, dijo Salazar.
El Poder Ejecutivo contratará un técnico del exterior para que certifique qué cantidad de reservas de oro hay en la zona y determine si es rentable extraerlas. Orosur sostiene que hay reservas potenciales cercanas a unas 100.000 onzas en la zona que quiere explotar.
“El gobierno quiere confirmar tanto el potencial como la viabilidad ambiental y sienten que necesitan un consultor internacional para hacerlo, pero desafortunadamente, a estas alturas, el consultor aún no ha sido siquiera contratado”, afirmó el ejecutivo.
El viernes durante una recorrida por la zona el ministro de Trabajo, Ernesto Murro comunicó a los pobladores la voluntad del gobierno de extender el seguro de paro mientras se encuentra una solución.
Además, se dispuso la instalación de un aula móvil del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) donde se dictaran cursos de neumática y electricidad. En rueda de prensa Murro dijo que se seguirá conversando con Orosur o con otras empresas que puedan interesarse por la explotación minera en San Gregorio. Fuente: El Observador