Los fundamentos de las Políticas Sociales

En los últimos años tanto en Uruguay como en el mundo se habla mucho de desarrollo local y de descentralización. Personas, gobiernos e instituciones son recurrentes al nombrar estos términos como si fueran la solución a todos los males que nos aquejan. Pero no todos hablen de lo mismo y quizás estos conceptos no sean la solución que algunos anhelamos.
Nos interesa algunas precisiones previas como forma que el lector comprenda cada término y pueda diferenciar el alcance de los términos. En primer lugar decir que tanto el desarrollo local como la descentralización no son fórmulas mágicas sino simplemente instrumentos y herramientas de desarrollo, en nuestro país hay partes del territorio que se han desarrollado en forma desigual y distinta. No es lo mismo el desarrollo que ha tenido la cuenca lechera de Colonia o San José, ni la zona de Maldonado y Punta del Este o por ejemplo el litoral Paysandú, Salto y Río Negro. En estas zonas los indicadores de pobreza, ingreso per cápita, empleo y oportunidades de educación, han sido superiores a los que encontramos en Rivera o Artigas dos de los departamentos más pobres del Uruguay.
En las últimas décadas los procesos reformistas han criticado la asignación de recursos del estado destinado a amortiguar los equilibrios del mercado, esto a provocado que los estados redefinan los límites de intervención, modificando sus planes en políticas públicas y en particular en políticas sociales. En la actualidad los gobiernos departamentales ya no cumplen las viejas funciones básicas de bombitas, bacheo y basura, sino que deben hacerse cargo de servicios públicos donde el estado se ha retirado, caso policlínicas barriales, comedores populares, viviendas etc. Y para esto se necesitan recursos económicos importantes, algo que nuestro departamento no tiene, ni en recursos públicos ni en la inversión privada.
De acuerdo a cifras del anuario del instituto de Estadística y Censo, Rivera tiene problemas de alto desempleo, ausencia de inversiones, niveles de ingreso bajo por núcleo familiar y alta tasa de mortalidad infantil, por lo que se hace ineludible no solo un adecuado proyecto político de gobierno viable, sino un buen plan de políticas públicas sociales.
Una política pública, en un régimen democrático, supone que las decisiones colectivas son producto no de el temperamento de los gobernantes, sino de la articulación entre los público y lo privado donde exista una amplia participación de los vecinos. Por ejemplo un buen proyecto de presupuesto participativo.
Estas políticas, como curso de acción, implican la utilización de recursos públicos ( institucionales, humanos y financieros). Pero además es una concepción que implican acciones de gobierno con fundamento normativo, con respaldo político, con viabilidad administrativa y uso consciente de los recursos fiscales. En suma se trata de una decisión de una autoridad dentro de los límites de sus potestades legales que afectan la vida de los ciudadanos y que se traducen en leyes, sentencias y actos administrativos. Las políticas públicas son pensadas para actuar en la esfera del gobierno local y en todos los temas de la sociedad.
Las políticas sociales, es una forma de políticas públicas, que están orientadas a la atención de las necesidades de la gente, disminuyendo las desigualdades económicas, a través de mecanismos redistributivos, directos o indirectos.
Nuestra propuesta implica dos tiempos en materia de políticas sociales, en primer lugar lo clásico y habitual, las políticas deben atender las necesidades críticas de los sectores más pobres, pero no detenernos allí, porque si no estaríamos solamente haciendo asistencialimos político, redistribución de recursos ¿y después que?, nos interesa implementar una segunda instancia más perdurable en el tiempo y quizás más importante, desarrollar un diseño institucional que busque generar mejores condiciones y oportunidades para la gente, y esto se logra promoviendo educación y generando empleo. El proyecto debe estar sustentado en iniciativas de desarrollo local, políticas integrales que gestionen las diferentes zonas del territorio que articulen la presencia de un estado activo (que regule, controle y actúe), de un mercado socio y de una sociedad civil dinámica a través de mecanismos de participación.