Gobierno refuerza los controles sobre armas de fuego y municiones con un nuevo decreto
El Gobierno uruguayo emitió un nuevo decreto para fortalecer los controles sobre las armas de fuego y las municiones, mejorar los mecanismos de rastreo y reforzar la coordinación entre las instituciones responsables de su fiscalización. La medida, elaborada por los ministerios del Interior y Defensa Nacional, forma parte de la estrategia prevista en el Plan Nacional de Seguridad Pública.
El Ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que la iniciativa procura avanzar en una política integral que combine sanciones más severas para quienes participan en circuitos ilegales, mejores herramientas de trazabilidad, controles ajustados a estándares internacionales y una mayor coordinación institucional.
Entre las principales medidas se encuentra la creación del Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego, que permitirá la interoperabilidad en tiempo real entre los ministerios del Interior y Defensa Nacional, facilitando el intercambio de información y el seguimiento de las armas.
El decreto también introduce cambios regulatorios destinados a actualizar los mecanismos de fiscalización y responder a nuevas amenazas, entre ellas la fabricación de armas mediante impresión en tres dimensiones y otras tecnologías emergentes.
Asimismo, establece límites para la adquisición y venta de municiones según el tipo de usuario. De acuerdo con lo informado por el ministro, estas disposiciones fueron trabajadas mediante el diálogo con asociaciones de personas que poseen armas de fuego, con el propósito de evitar perjuicios a quienes cuentan con las habilitaciones correspondientes.
Negro sostuvo que, mientras el Estado fortalece sus capacidades para prevenir, registrar, controlar y rastrear armas y municiones, también se endurecen las consecuencias para quienes participan en circuitos ilegales que abastecen la violencia y contribuyen al crecimiento del crimen organizado.
“Menos armas en manos de quienes ejercen violencia significa más seguridad, más libertad y más tranquilidad para la enorme mayoría de los uruguayos”, afirmó el jerarca.
LAS ARMAS DE FUEGO, UN FACTOR ESTRUCTURAL DE LA VIOLENCIA
La estrategia gubernamental se apoya en la evidencia reunida en el informe Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay, elaborado por el Ministerio del Interior junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio advierte que las armas de fuego se han consolidado como un factor estructural de la violencia en el país. Actualmente, cerca de siete de cada diez homicidios se cometen con este tipo de armas.
La investigación también identifica una concentración territorial de la violencia armada y una estrecha relación entre la circulación de armas y las dinámicas del crimen organizado.
A pesar del elevado número de armas registradas legalmente en Uruguay, el país enfrenta dificultades vinculadas al desvío de armamento hacia circuitos ilegales. Entre 2013 y 2025 se denunciaron alrededor de 16.000 hurtos de armas, al tiempo que aumentaron los casos de tenencia y porte ilegal y las denuncias relacionadas con el tráfico interno.
Ante este escenario, el Ministro del Interior señaló la necesidad de avanzar hacia sistemas de control más modernos, mejorar la trazabilidad, fortalecer la coordinación entre organismos y actualizar la regulación para responder tanto a las amenazas actuales como a las que puedan surgir en el futuro.
DEFENSA NACIONAL DESTACA LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Por su parte, la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, consideró que la normativa representa un aporte al conocimiento de la realidad nacional y al fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia.
La jerarca destacó que el estudio proporciona una visión integral sobre el acceso, la circulación y el uso de las armas de fuego en Uruguay, elementos fundamentales para diseñar respuestas adecuadas frente a esta problemática.
Lazo también subrayó que los desafíos relacionados con la circulación y el tráfico ilícito de armas trascienden las fronteras nacionales, por lo que requieren respuestas coordinadas, intercambio de información y compromiso entre los Estados.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de Defensa Nacional con una gestión rigurosa y responsable del armamento, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la cooperación entre instituciones, dentro del marco del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
Con este decreto, el Gobierno busca reforzar las herramientas estatales para controlar la circulación de armas y municiones, reducir su desvío hacia actividades delictivas y mejorar la capacidad de respuesta frente a la violencia armada y el crimen organizado.
