Informe referente a viaje realizado a Montevideo por situación de la Zona Franca de Rivera

Como informamos en nota aparte, luego de finalizada la Media Hora Previa de la última sesión de la Junta Departamental de Rivera, el edil Juan Antonio Pereira (FA) solicitó alterar el Orden del Día con la finalidad de dar a conocer un informe que se desprende de la actuación de la comitiva que concurrió a Montevideo para reunirse con las autoridades de la Dirección Nacional de Comercio para interiorizarse respecto a la situación de la Zona Franca de Rivera, lo que fue aprobado por unanimidad sobre 24 votos.
El Secretario General de la Junta Departamental, Ing. Agr. Abilio Briz, procedió a leer el informe, en el que se establece textualmente:
“Esta comisión tripartita, compuesta por los Ediles Graciela Almanza, Enrique Guadalupe y Juan Antonio Pereira, acompañada por el Sr. Presidente de la Junta Departamental, Edil Marco Antonio da Rosa, mantuvo el pasado viernes 5 de agosto, una importante reunión en la capital del país.
Allí nos recibió como estaba previsto, el Cr. Ricardo Gómez, Director del Área Zona Franca y la Economista Rosa Osimani, Directora Nacional de Comercio. Dicha reunión había sido pedida a los efectos de escuchar la opinión de las referidas reparticiones estatales, respecto de los conceptos vertidos en nuestra Junta Departamental, por representantes de los usuarios de la Zona Franca Rivera en la noche del pasado miércoles 29 de julio, en la que manifestaban su preocupación y descontento por el inminente cierre de su fuente laboral.
Cabe consignar entonces, que la totalidad de la delegación pretendía obtener una prórroga mayor para el inminente cierre, habida cuenta de la ya conocida prórroga de treinta días, otorgada recientemente.
A los efectos de presentar de manera ordenada, los datos recibidos de parte de nuestros anfitriones, a continuación enumeraremos los mismos:
No coinciden los números de personas afectadas a tareas en Zona Franca, que manifestaron los representantes de empresas y trabajadores en el seno de la Junta Departamental de Rivera, con los manejados por la Dirección Nacional de Zona Franca; según esta última, serían más los trabajadores, si contamos los que desempeñan funciones en el aserradero. No obstante, con excepción de los trabajadores de la empresa Tingelsur S.A., constan en los registros de la Dirección Nacional, apenas seis trabajadores.
Al día de la fecha, la empresa Tingelsur S.A. es la única que cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la Ley 16.906, conocida como Ley de Inversiones y Promoción Industrial.
La referida Ley exige tres puntos básicos a aquellas empresas que se acojan al régimen de zona franca: a) generar empleos, b) generar inversiones y c) exportar. Mientras tanto, la Ley 15.921, de 17 de diciembre de 1987, conocida como Ley de Zona Franca, persigue los siguientes objetivos: A) Promover las inversiones. B) Expandir las exportaciones. C) Incrementar la utilización de mano de obra nacional. D) Incentivar la integración económica internacional.
El cierre de la Zona Franca Rivera está anunciado por la Dirección Nacional hace ya tres años y obra en conocimiento de sus usuarios, luego que se la pasara a considerar inviable y onerosa para las arcas del Estado Uruguayo.
La intervención dispuesta en el año 2001, tuvo y tiene un carácter provisorio, hasta tanto se lograra captar el interés de inversores y la presentación de proyectos viables, que hicieran funcionar el emprendimiento con todos los requisitos pedidos en la normativa vigente.
A lo largo de todos estos años, han sido muchas las ocasiones en las que por diferentes razones, esto no se ha logrado. Una de esas razones ha sido la exorbitante suma pedida por los terrenos donde están afincadas las edificaciones, que últimamente habría llegado a la cifra de US$ 25.000.000 (veinticinco millones de dólares norteamericanos).
En el año 2003, el Estado Uruguayo dispuso la revocación de la autorización para la explotación de una zona franca en la 9ª sección judicial de Rivera, a la empresa Riodam. Un mes antes de dicha medida, la empresa Riodam dio en pago al Sr. Luis Alberto Damboriarena, la propiedad de los terrenos donde funciona la zona franca, produciéndole un importante daño al Estado.
No es de interés de parte de la Dirección Nacional de Comercio ni del Área de Zona Franca, el mero traspaso de titularidades en Zona Franca Rivera, sino que lo que se pretendió hasta que se agotaran los plazos otorgados, fue que se presentara un proyecto de inversión serio, diversificado y sustentable por sí mismo. En ese sentido cabe destacar que entre los años 2011 y 2014, se recibieron alrededor de cinco propuestas de inversores privados para la explotación de la zona franca, las que no se concretaron en la presentación de proyectos de inversión que demostraran fehacientemente la viabilidad económica de las mismas y los beneficios que reportarían al país.
Desde el año 2003 y hasta la actualidad, el Estado Uruguayo mantiene en solitario la infraestructura de Zona Franca Rivera, habiendo debido llegar, de un tiempo a esta parte, a contratar cuatro empresas que se dedican a mantenimiento, vigilancia, administración y limpieza, en las que trabajan 17 personas ajenas a las empresas que se dedican a la operativa de la zona franca misma.
Por resolución de la D.G.C. se estableció en el año 2014, un determinado monto a pagar por parte de las empresas, por concepto de gastos comunes. De las siete empresas instaladas, apenas Tingelsur S.A. y Weston Inter Trade S.A. abonan lo correspondiente por tal concepto, mientras que no lo hacen las restantes cinco: Port Thomas S.A., Trade Almer S.A., Veryline S.A., Flex Land S.A. y Controler S.A.
El aserradero instalado representó el 88% de la inversión de la zona franca en el 2011 y el 77% de la misma en el 2012. A lo mencionado cabe agregar que la inversión de la Zona Franca Rivera en el período 2010-2013, estuvo en el orden del 0,003% de la inversión del país y fue menor al 0,1% del total de la inversión realizada en las zonas francas del país.
La situación de la intervención referida a lo largo de este informe genera importantes gastos al Estado, los cuales han sido detallados por el Departamento Financiero Contable de la Dirección General de Comercio, sin que se esté percibiendo por parte de la mayoría de las empresas que operan en la zona franca, contraprestación de especie alguna.
Ambas direcciones consultadas por esta comisión, se encuentran abocadas a la promoción de la idea de la instalación de una nueva zona franca para nuestra ciudad, para lo cual cuentan con el decidido interés y compromiso de la Intendencia Departamental de Rivera, en la figura del Intendente, Doctor Marne Osorio, para lo cual incluso, se mantienen contactos permanentes tanto con él, como con el Director Cr. Giovani Conti.
Grupos inversores están presentando proyectos de gestión, contemplando los requisitos establecidos en la Ley 16.906, siendo que es interés de todas las partes involucradas en el tema, que la futura zona franca cuente además de un polo logístico, con oficinas de call center, parque industrial y uno o más parques temáticos.
Consultados respecto del canon vertido por las empresas en su momento, y que les garantizaría los derechos a la operativa hasta el año 2023, los jerarcas manifestaron que lo abonado fue hecho a nombre de una empresa hoy inexistente, y que al parecer tampoco habría hecho los aportes correspondientes en la materia.
Con respecto a los valores que anualmente mueven los operadores de Zona Franca Rivera, que hubieron sido mencionados por sus representantes en el seno de esta casa, los representantes de la D.N.C. aclaran que de ellos, nada ingresa a las arcas del Estado Uruguayo.
Para finalizar este informe, debemos decir al Plenario de la Junta Departamental de Rivera, que la decisión del cierre de la Zona Franca Rivera, dispuesta por la resolución 14/05/014/169, del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 1 de marzo del 2016, es inamovible.
Asimismo, esa resolución mantiene a la empresa Tingelsur S.A., las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que le fueran concedidos por la Ley Nº 15.921, hasta el 13 de abril de 2023”, concluye el texto leído.
Firmaron el citado informe los ediles Juan Antonio Pereira (FA), Graciela Almanza (PN) y Marco Da Rosa (PC).