Ley de minería de gran porte exige garantías ambientales

El ministro Kreimerman afirmó que la ley de minería de gran porte, que surge de un acuerdo multipartidario y mejora los alcances del Código Minero, refuerza las exigencias ambientales y la capacidad de recaudación del Estado, contemplando a futuras generaciones. Dijo que es una norma exigente, “de las más avanzadas”, que otorga transparencia, garantías al proceso y vuelve viable la inversión bajo determinadas condiciones.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, se refirió a la ley de minería de gran porte (Nº 19.126) que define los alcances de este tipo de actividad en el país. Recordó que la normativa nace de un acuerdo de los cuatro partidos con representación parlamentaria, y de ella se concluye que la minería de gran tamaño -tanto porque involucra una cantidad importante de hectáreas como por el monto de la inversión- es beneficiosa para el país, por los ingresos que supone y la diversificación productiva que genera.
Asimismo, aclara que la actividad debe llevarse a cabo cumpliendo con las condiciones ambientales y sociales adecuadas, además de generar un rédito económico que le asegure al país el bienestar de sus generaciones futuras, teniendo en cuenta que es un recurso extractivo.

CIERRE DE CRÁTERES, PLAZOS ESTIPULADOS
Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN
La normativa pone énfasis en varios aspectos, por un lado en lo que es el “plan de cierre”, considerado tema clave por el Gobierno. “Implica asegurar que luego de los años de explotación que desarrolle la minera, cualquiera sean los materiales metálicos, exista una garantía en dinero, primero, y luego un plan determinado de cierre, de recomposición del territorio”, explicó Kreimerman. En este aspecto, la ley contiene importantes exigencias y complementa todo lo previsto en el Código de Minería y en la ley de Impacto Ambiental.
Otro aspecto a destacar de la normativa es que exige el diseño y firma de un contrato específico con la empresa minera, documento que supone fijar los plazos y los volúmenes de producción, definir un plan de desarrollo de proveedores nacionales y los motivos de rescisión o extinción de dicho contrato, además de establecer un límite en cuanto al tiempo determinado que la empresa tiene para acordar con el Estado.
De esta forma, el ministro entiende que se aseguran las condiciones particulares de la minería en nuestro territorio.
Aclaró que Uruguay no se va a transformar en un país minero, teniendo en cuenta que las hectáreas involucradas representan un porcentaje “muy mínimo” en proporción a toda la superficie nacional. “Lo que estamos viendo es la diversificación posible de una fuente más de riqueza para el país, que esté al nivel de otros complejos productivos que Uruguay tiene”, apuntó.

RÉDITO Y GENERACIONES FUTURAS
En cuanto al rédito económico que puede representar para nuestro país, Kreimerman insistió en la importancia de que se trate de un alto porcentaje de las ganancias totales. En este sentido, explicó que con la introducción de un nuevo impuesto, sumado al canon minero (5%) y al Impuesto a la Renta, se completa la posibilidad de que el Estado alcance alrededor del 50% de las ganancias del proceso de la minería.
El beneficio económico resultante de este tipo de emprendimientos será destinado en un 70% a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, una acumulación solidaria pensada para las generaciones futuras, y el restante 30% se aplicará a proyectos de desarrollo productivo o de carácter ambiental, “que hagan que cada dólar que se extrae repercuta en un dólar favorable para el país”, explicó.
“Hay una aspiración de constituir una cadena de valor íntegramente dentro del territorio nacional, para lo cual la modificación del Código de Minería de 2011 prevé, y en este caso se instrumentará, que el 15% de la producción que se exporte deba ser ofrecido al mercado local, con vista a desarrollar una industria siderúrgica hacia el futuro”.
En el caso del proyecto de la minera Aratirí, única propuesta concreta abocada a la extracción de hierro en la zona de Valentines, el rédito económico estimado para el país es de 450 millones de dólares anuales promedio. El porcentaje de territorio nacional involucrado es de apenas 0,029% del total.

EXTRACCIÓN
Entre las modificaciones del Código y la nueva Ley de Minería de Gran Porte, se avanzó fuerte en la existencia de un programa de explotación fundado, que sea luego fiscalizado y cumplido. Tan es así que, dentro de las causas eventuales de rescisión que la Ley establece, está la de no haber cumplido el programa en mínimos aceptables.
“Un fuerte desafío como este nos obliga a fortalecer nuestras capacidades, ya sea con más recursos humanos capacitados o concretando convenios internacionales como se hicieron con las Naciones Unidas, Australia y Canadá”.
“En este caso la ley establece que el contrato debe definir los volúmenes de producción, la frecuencia de extracción que se espera por año, todo el procedimiento, lo cual será controlado, de modo que no ocurra lo que en otros países, es decir, que haya una sobre-extracción en algunos períodos de precio alto del recurso y una baja extracción en otros, que al país no le resulte conveniente, llegando a un cierre con valores bajos de extracción”, indicó el ministro. Eso se evita con las nuevas regulaciones y garantías que debe colocar la empresa minera.
Kreimerman recordó que, a diferencia de un negocio común en el que se está constantemente invirtiendo y facturando, la minería supone una gran inversión inicial y luego una recuperación del dinero.
“No son precauciones por sí, son adecuaciones a lo que es un negocio minero con una característica especial”, insistió.

GARANTÍAS
El ministro Kreimerman sostuvo que la ley completa una serie de elementos que le dan transparencia al desarrollo de estos proyectos, en lo que es además el Fondo Intergeneracional y la instalación de una comisión de seguimiento para que todos los aspectos relativos a la minería de gran porte sean seguidos por los involucrados y por la comunidad en general.
“La ley de minería de gran porte refuerza las exigencias ambientales, sobre todo en el plan de cierre, y refuerza la capacidad de recaudación por parte del Estado, cuyo dinero no se vuelca a gastos, sino a proyectos de inversión y a un Fondo para futuras generaciones”, enfatizó.
Resaltó, además, que es una ley exigente, “de las más avanzadas”, que hace viable la inversión minera en un país que toma los mejores elementos mundiales que hay en estos temas, los adecua a su realidad y los transforma en una norma.