Nuevo protocolo busca reforzar la seguridad y la convivencia en centros educativos
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) presentaron un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia en centros educativos, con el objetivo de establecer procedimientos claros, fortalecer la prevención y garantizar mecanismos de protección para todos los involucrados.
La iniciativa contempla distintas situaciones que pueden registrarse en el ámbito educativo, incluyendo episodios de violencia protagonizados por personas ajenas a las instituciones que irrumpan en los centros, agresiones de estudiantes hacia funcionarios durante la jornada laboral, así como conflictos entre integrantes del propio personal.
El Presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que el protocolo define con precisión aspectos clave como los canales de denuncia y las responsabilidades de actuación. Además, subrayó la incorporación de medidas preventivas, entre ellas la realización de jornadas de sensibilización en aquellos contextos donde existan señales de posibles conflictos, y la implementación de herramientas específicas para la protección de las personas afectadas.
Caggiani señaló que este instrumento se enmarca en un plan más amplio orientado a mejorar la convivencia en el sistema educativo. En ese sentido, valoró el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, particularmente a través de programas como Pelota al Medio a la Esperanza y la Policía Comunitaria Orientada a Problemas.
En cuanto a las acciones preventivas, el protocolo establece la puesta en marcha de una campaña institucional enfocada en la convivencia y la prevención de la violencia, así como la emisión de mensajes al inicio de cada año lectivo para promover un clima educativo adecuado. También se prevé el involucramiento de equipos técnicos multidisciplinarios, la organización de jornadas de integración en las comunidades educativas y la capacitación permanente en la temática.
Asimismo, se incorpora el desarrollo de un sistema de respuesta inmediata en coordinación con el Ministerio del Interior, junto con la implementación de un Libro de Seguridad que permitirá registrar las situaciones y actuaciones vinculadas, fortaleciendo el seguimiento y la toma de decisiones. Con estas medidas, las autoridades buscan dotar a los centros educativos de herramientas concretas para actuar frente a la violencia, promoviendo entornos más seguros y propicios para el aprendizaje.
