Presidente de la República y Ministro del Interior presentaron ayer el Plan Nacional de Seguridad
En la jornada de ayer, jueves, el Presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al Ministro del Interior, Carlos Negro, presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una estrategia integral que reúne 79 acciones y más de 130 medidas destinadas a enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad en el país.
Durante la presentación, Orsi destacó que se trata de una estrategia nacional construida sobre años de experiencia acumulada por la Policía, lo que permitió identificar qué herramientas han resultado efectivas y cuáles requieren ajustes. En ese sentido, valoró la continuidad en la dirección de la Policía Nacional de José Azambuya, subrayando la importancia de mantener una línea de trabajo sostenida en el tiempo.
El mandatario también resaltó el carácter interinstitucional del plan, liderado por el Ministerio del Interior, que involucra la coordinación con diversas áreas del Estado. Señaló que aspectos como la incorporación de tecnología -incluyendo cámaras e identificación facial- requieren la participación de organismos como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay. Asimismo, indicó que la atención de problemáticas sociales vinculadas a la seguridad implica el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
Otro de los puntos destacados fue la articulación con el sector privado, especialmente con las empresas de seguridad, que incrementarán su interacción con la Policía Nacional. Orsi también subrayó que el plan tiene un carácter dinámico, lo que permitirá incorporar nuevas medidas a medida que evolucionen los desafíos.
Por su parte, Negro explicó que al inicio de la administración fue necesario actuar en “dos velocidades”: atender la urgencia mediante acciones inmediatas y, paralelamente, diseñar una política pública de mediano plazo con proyección más allá del actual período de gobierno.
El proceso de elaboración del plan se desarrolló en tres etapas: un diagnóstico basado en evidencia, un amplio diálogo social y político con la participación de unas 80 instituciones -entre sindicatos, empresarios, academia y partidos- y, finalmente, la sistematización de propuestas que dieron forma al documento final.
Entre los principales objetivos se encuentran la reducción de homicidios y la violencia en territorios críticos, el aumento del esclarecimiento de delitos y la disminución de la impunidad. Para ello, se prevé un enfoque de “policiamiento inteligente”, combinando inteligencia policial y disuasión focalizada en los grupos más violentos.
El plan también pone énfasis en la violencia basada en género, con el fortalecimiento de los sistemas de respuesta y protección a víctimas. En este marco, se implementan dispositivos como Élida 360 y se incorporará la herramienta VioGen para evaluar el riesgo en denuncias de violencia doméstica.
En relación al control de armas, se reforzarán los mecanismos de trazabilidad, los controles en fronteras y la regulación del mercado de municiones. Además, se avanzará en la revisión de penas vinculadas al porte ilegal y al tráfico de armas, así como en el intercambio de información con el Ministerio de Defensa Nacional.
Otro eje relevante es la lucha contra el crimen organizado, que incluye el seguimiento del dinero ilícito y el fortalecimiento de los controles fronterizos. En ese marco, se proyecta ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en zonas limítrofes y crear un Centro de Comando Unificado de Seguridad. En 2025, se registraron 47 operaciones de lavado de activos, un aumento significativo respecto a las seis contabilizadas en 2024.
La estrategia también contempla la incorporación de tecnología avanzada, como anillos inteligentes de control territorial y herramientas de inteligencia artificial para el análisis de patrones delictivos y la localización de dispositivos móviles.
En el sistema penitenciario, se prevé la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, la construcción de dos cárceles para personas de alto riesgo, la creación de una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios y el desarrollo de programas de reinserción laboral.
Asimismo, se impulsarán intervenciones en territorios de mayor vulnerabilidad mediante programas como Más Barrio, con acciones en zonas como el Cerro de Montevideo, Las Piedras, Durazno, Rivera y Maldonado.
En cuanto al fortalecimiento policial, se anunció el ingreso de más de 2.000 efectivos, la creación de una unidad especializada para la seguridad en espectáculos deportivos, la incorporación de comisarías móviles y la ampliación de la formación a través de la creación de un Instituto Universitario Policial.
Finalmente, Negro repasó los resultados del primer año de gestión, destacando la reducción de homicidios, una caída del 18% en femicidios, la incautación de más de 3.000 armas de fuego y más de 9.000 toneladas de drogas, así como la confiscación de 250 millones de dólares en bienes vinculados al crimen organizado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, los delitos contra la propiedad se redujeron en un 40% entre 2024 y 2025, incluyendo descensos en estafas, hurtos y rapiñas. El ministro subrayó que estas cifras corresponden a delitos efectivamente registrados y no solo a denuncias.
Como cierre, el titular del Interior afirmó que la actual administración ha fortalecido el respaldo a la Policía mediante mejoras salariales, equipamiento y formación, consolidando así uno de los pilares fundamentales del plan presentado.
