Ley de Medios puede ser “un bisturí en manos de un enfermo de parkinson”

(Por Rosa Dutra) Tal como informamos en la edición de la víspera -cubriendo la exposición del Director propietario de Tevediez Rivera, Don Ariel Pereira-, el pasado viernes se realizó una charla sobre la Ley de Medios. Esta charla se llevó a cabo en el Hotel Uruguay-Brasil y fue organizada por el Instituto “Dr. Altivo Esteves”.
Continuando con la cobertura a la exposición sobre la Ley de Medios, el siguiente orador era el periodista Daniel Castro (de Canal 4 Monte Carlo, de la capital del país), quien imposibilitado de participar en la disertación, igualmente envió su posición por escrito. En su contenido, en un principio, propone reglas claras, transparencia. Al avanzar en los párrafos, Daniel Castro se dio cuenta que esa ley puede ser “un bisturí en manos de un enfermo de parkinson”, y que un instrumento presentado como para resolver un mal termina provocando daños irreparables, expresó.
El periodista se preguntó si los medios y los periodistas no están regulados porque responden por sus actos ante un estrado, se retractan o van a prisión, o hacen reparaciones millonarias y el único poder que puede encerrarlos es el Judicial. Los derechos civiles están salvaguardados.
El periodista es sometido a regla como cualquier ciudadano, están vigilados. El primer riesgo claro de la ley es que se desplaza el control de ejercicio de la libertad de expresión, juzgado por un grupo de notables, designados por políticos que juzgarán desde las alturas. De ser interpelantes cuando advierten excesos, pasarán a ser interpelados cuando lo informan. El político pasará de controlado a controlador.
“El grupo de notables quedará con la pupila chiquita de buscar errores, ya que deberán justificar que algo hacen; no tendrán tolerancia. El sistema político contará con un instrumento de premios y castigos en función de sus objetivos”, dijo.
“Cada segundo de producción periodística será minuciosamente escrutado por el escáner político de turno. El perfil de poder del periodismo será desdibujado hasta desaparecer. Aunque digan que la libertad de expresión está garantizada, se contradicen al decir que los observan”.
Luego continuó realizando observaciones en varios ítems de la ley. Concluyó diciendo que “estos intentos de acentuar regulaciones sobre espacios regulados representan un riesgo de ponerle a la libertad y lamentablemente si existían buenas intenciones de transparencia, argumentando que esto es por el bien de la democratización de los medios, la reciente adquisición de canales digitales parece echar por tierra ese alto objetivo”.

EXPOSICIÓN DEL DR. AMORÍN BATLLE
El último en exponer fue el Senador José Amorín Batlle, quien es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con un vasto curriculum. Manifestó que esta ley afecta la libertad y la libertad de prensa. Tiene varios capítulos, con algunos principios generales que casi todos acuerdan, pero también controla los contenidos. Tiene temas cuestionables, por ejemplo cómo se van a distribuir, democratizar las radios y televisión.
Comentó que el Presidente Mujica iría a otorgar cinco señales que operarán los canales digitales, los que se haría con la mayor transparencia, y serían para los actuales canales 4, 10 y 12 de Montevideo, y para los otros dos se hizo un llamado público para que presentaran sus proyectos.
Se presentaron seis empresas: El ex-director del diario La República, Federico Fasano, la Compañía Uruguaya de Publicidad (permisaria de la frecuencia 93.9 FM Océano), Consorcio POP TV (integrado por la productora OZ Media y Revista Bla), Saomil (VTV), empresa Sarmelco y Giro (integrada por las cooperativas La Diaria y Demos Audiovisuales).
Dijo que en un principio VTV sería la adjudicataria de una onda y la otra fue para POP TV, y no para La Diaria (Giro), que es de su sector político, porque la empresa carecía de capital y hacía poco tiempo había solicitado dinero para publicar una revista. “El Presidente no debería haberse metido”, expresó.
Pero acotó que el Secretario de la Presidencia, el Dr. Homero Guerrero, y el asesor económico de Presidencia de la República, Ec. Pedro Buonomo, “los dos hicieron lobby, pusieron influencias” para que La Diaria obtuviera la concesión y no POP TV y lograron que fuera así. Dijo que lo que ocurrió con estas dos empresas era “una vergüenza nacional”, debido a la “movida de influencias de los dos asesores del Presidente para poner a una empresa que es allegada al gobierno”.
“Estas cosas le hacen daño al país, a nuestra forma de ser. Las leyes deben dar garantías a los ciudadanos. La Ley de Medios tiene 183 artículos”, expresó. Entre ellos figuran limitaciones importantes como el elemento estratégico para el desarrollo nacional; contienen prejuicios sociales, el horario de protección al menor va desde las 6:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.
No se puede pasar exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas legales e ilegales, contenidos que exalten, promuevan e inciten a actos de discriminación, discriminatorias, con base en edad, género, opción sexual, raza, etnia, religión, filiación política partidaria o condición socio-económica. En ellas se podrán aplicar sanciones. No se debe incitar a niños, niñas y adolescentes a la compra o arrendamiento de productos y servicios, aprovechando su inexperiencia o credulidad.
El Consejo de la Comisión Audiovisual está dirigido por una comisión de cinco miembros, incluyendo un Presidente. Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, previo paso por la Cámara de Senadores. De los otros dos miembros, uno será un delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minas, y el otro del Ministerio de Educación y Cultura.
Todos serán designados por el Poder Ejecutivo, el que decidirá si un canal viola o no los principios. Las sanciones podrían llegar a ser la revocación de la licencia. “Si es grave se le sacará la licencia; es muy similar a lo que sucede en Venezuela”. La multa más alta que se cobrará será de un millón y medio de dólares. Estas son las cosas que afectan al país, por eso lo recorren explicando lo que sucede, dijo el Senador Amorín.
Por ser liberales y amar la libertad cree que todos tenemos derecho a ver lo que deseamos en la TV. “No es el Gobierno el que debe decidir que podemos mirar. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión”.
“Si alguno comete un delito a través de un medio audiovisual, hay Jueces que pueden decidir si va o no preso. No hay que poner una ley restrictiva en los derechos de las personas, ni en la libertad de prensa, ni en la libertad del periodista para informar de lo que parece que está bien, pues este es responsable si afecta algo”.
Finalizó diciendo que están en defensa de la libertad, porque “el gobierno no cree en la libertad”, aunque espera que el Presidente Mujica “vuelva a pensar como lo hizo en Brasil y haga a todos los uruguayos sentirnos orgullosos de un Presidente que diga: ‘la mejor Ley de Medios es la que no existe y yo creo en la libertad’, como creemos todos nosotros”.