El Ministerio trabaja con población vulnerable en prácticas de empleo y capacitación en sus programas sociolaborales. Promueve la creación de cooperativas sociales y emprendimientos productivos. Procura reforzar la formación, promover la formalización laboral y apoyar con estrategias de venta y un sello que los identifique como productos sociales. El fin es que salgan fortalecidos y se inserten en el sector privado.
El titular de Desarrollo Social, Daniel Olesker, habló de los programas sociolaborales que el Ministerio impulsa. Se trata de generar mecanismos de reinserción laboral para los sectores que tienen más dificultades para entrar normalmente en el mercado de trabajo. Ese mecanismo se divide en dos grupos; uno, de más precariedad en cuanto a las condiciones de ingreso al mercado con Uruguay Trabaja y, otro, con una serie de programas que trabajan en una inserción más formal.
URUGUAY TRABAJA
El programa Uruguay Trabaja pretende darle una práctica laboral a las personas sobre todo en obra pública (escuelas, plazas públicas, hospitales), y capacitación. Son condiciones para integrar esta opción estar desocupado al menos dos años y no haber culminado el Ciclo Básico.
El programa está definido por ley y el presupuesto admite unos 3100 cupos. El primer año (2008) se presentaron 26 mil postulantes, el segundo año 20 mil, el tercero 14 mil, el año pasado 8500. El llamado de este año se estima que se ubicará por debajo de la última cifra. “Esto demuestra que la cantidad de personas con estas condiciones de desocupación de larga duración y no culminación del ciclo básico se viene reduciendo”, reflexionó el ministro.
Tras varios años de implementación se plantearon una serie de cambios frente a la última Rendición de Cuentas. El primer cambio que requirió aprobación de ley implicaba que una parte de la población objetivo del programa (21%) no compitiera en el sorteo, que por su mayor vulnerabilidad en relación a la media pudieran ingresar directamente al Programa.
La segunda modificación apuntaba a los lugares donde se desarrollaba Uruguay Trabaja. Se redujo la cantidad de cupos en Montevideo y se incrementó en el interior, fuera de las capitales departamentales.
Otro cambio, que no es posible implementarlo en todos lados, es el aumento de la cantidad de días de capacitación. El programa tiene cuatro días de trabajo activo y uno de capacitación. La idea es generar tres de trabajo y dos de formación.
“Cuando se compara a las personas al comienzo y al final del programa se comprueba el éxito. Son en su mayoría mujeres menores de 40 años con hijos a cargo, levantan la autoestima, lograron sentirse parte de la sociedad, pero cuando buscan trabajo sus capacidades son relativas”. Este aspecto es uno de los que se procura mejorar, dijo el ministro. Para ello este año se incrementarán las capacitaciones específicas, que están pensadas en función de las áreas de desarrollo del lugar.
INSERCIÓN FORMAL
Hay programas en los que ingresan personas con condiciones de vulnerabilidad, pero ya transitaron por programas del MIDES, explicó el jerarca. Se destacan cuatro ejes; en los dos primeros, MIDES apoya cooperativas sociales y emprendimientos.
Por un lado, la formación de cooperativas sociales para lo cual se requiere estar en situación de vulnerabilidad económica. El Estado las puede contratar directamente; ventaja que es comparativa. En esta Administración se duplicó la cantidad de cooperativas, llegando a 280. Las mismas involucran a más de 3.000 personas. Olesker reconoció que hay poca diversidad de rubros.
Por otra parte, el financiamiento de emprendimientos de familias, personas o grupos que requieren apoyo. Para eso existe un Fondo, a través del cual se aprueban unos 500 proyectos anuales.
Hay otros dos mecanismos de subsidio o apoyo para la generación de empleo. El programa “Nexo”, una agencia de intermediación laboral que incluye un estudio psicológico de los jóvenes, además de un acompañamiento. Esta herramienta trabaja directamente con programas como Jóvenes en Red, proveyendo personal capacitado.
El cuarto componente es la Ley de Empleo Juvenil que comprende una serie de subsidios para las empresas que contraten jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En este contexto, se detectaron dos problemas, uno vinculado a los costos para legalizarse, que se comenzó a solucionar con la creación del monotributo social; y otro relativo al mercado donde vender sus productos. Para este último se implementó una marca social y se trabaja en una estrategia de comercialización.
La idea es que estos emprendimientos, sobre todo los cooperativos, salgan de la cobertura que le brinda el sector público y comiencen a insertarse en el privado que reúne el 85% de la demanda en Uruguay, transformándose en cooperativas de producción o en empresas privadas comunes, y dejen “el paraguas de protección” de la cooperativa social que la misma ley define como “un instrumento de transición”.
