El Presidente Vázquez ha anunciado que su gobierno procederá a proponer una reforma del Estado uruguayo y que para ello será necesario modificar la Constitución. Aún no ha aclarado mucho más que esto, que no pasa de un mero título. De cualquier manera, a través de varias intervenciones, algunos signos vamos recibiendo.
En primer término debo indicar que estoy de acuerdo que el Estado uruguayo debe reformarse, modernizarse en muchos aspectos. ¿Pero qué reforma queremos? Y cuál será la que finalmente y formalmente nos propondrá el gobierno frenteamplista de Tabaré?
Para comenzar se ha mencionado la posibilidad de establecer la reelección presidencial. Asunto del que el presidente no quiere hablar, pero que no la ha desmentido. De confirmarse la propuesta, sin dudas será uno de los principales escollos para encontrar grandes mayorías que la apoyen. A los ciudadanos de este país no nos gustan los continuismos, tenemos una gran tradición en la alternancia de presidentes, quizás por la cultura batllista de “despersonalizar” al gobierno, a fin de desestimular tentaciones totalitarias.
En segundo lugar se habla de las empresas del Estado. Ahora el Frente Amplio no ve en la asociación de éstas con privados o en la transformación de las mismas en sociedades anónimas pasándolas al derecho privado, una política “neoliberal”.
Asumiremos como siempre la defensa de las empresas estatales. Con ANTEL demostramos, en aquel período 1995-2000, de grandes transformaciones, que una empresa por ser pública no debe ser deficitaria y en cambio puede ser muy eficiente. Es claro que para que nuestras empresas puedan seguir compitiendo y creciendo, deben poder asociarse dentro y fuera del país.
El tercer tema que se insinúa y lo considero de vital importancia para el desarrollo equitativo del país, es el de la descentralización. Ya lo he mencionado en esta misma columna, no hay descentralización real sin descentralizar los recursos. Sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Deporte piensa municipalizar las plazas de deportes, lo mismo pasa con la Junta de Drogas. Está bien que se planteen tales posibilidades, pero junto con las tareas hay que otorgar los recursos económicos que se necesitan. Veremos qué se plantea finalmente al respecto y de allí sacaremos las conclusiones de cuanta reforma se está hablando o si se trata solamente de sacarse problemas de encima para que “la culpa sea de otros”.
