A la Secretaria de Estado se le solicitará que brinde explicaciones sobre las políticas y protocolos de actuación de ese Ministerio y del INAU con respecto a los menores infractores de la ley, haciendo especial hincapié en los hechos acaecidos recientemente en el Departamento de Rivera, donde dos jerarcas fueron procesadas por el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo y por los sucesos ocurridos en los últimos días en el centro CEPRILI, donde varios funcionarios de ese centro reprimieron a varios internos.
Cabe destacar que, de conseguirse la voluntad de las mayorías establecidas en el Reglamento de la Cámara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la República, los legisladores designaron como miembro interpelante a Tabaré Viera.
Asimismo, en la sesión de la jornada de ayer, Tabaré Viera -acompañado por los legisladores del Partido Colorado- impulsó esta misma convocatoria, pero en Régimen de Comisión General. Los integrantes del oficialismo desecharon esta moción. Si se contó con los votos positivos de los representantes del Partido Nacional y del Partido Independiente.
REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE HACIENDA
PARA INFORMAR SOBRE PROYECTO DE LEY
Por otra parte, el representante nacional por el Departamento de Rivera será recibido a la hora 10:00, en la Cámara de Diputados, por la Comisión de Hacienda.
Tabaré Viera informará a esta Comisión sobre su proyecto de ley que refiere a que la Suprema Corte de Justicia dispondrá y administrará los fondos líquidos resultantes del impuesto judicial para el pago de sentencias de condena y transacciones homologadas judicialmente frente a reclamaciones salariales de sus funcionarios.
Esta iniciativa, Tabaré Viera la presentó a la Legislatura en el mes de marzo, con motivo de destrabar el conflicto que mantuvo enfrentados al Poder Judicial del Poder Ejecutivo.
En la exposición de motivos del proyecto de ley “Pago de Sentencia de Condena y Transacciones homologadas judicialmente”, Viera subrayó que con la aprobación del mismo se procura “una solución de emergencia para salir rápidamente de una situación de incomodidad institucional (…) ya que, además no se debe enfrentar al Poder Judicial al riesgo de trabar su funcionamiento y no poder cumplir con sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada”.