Una mirada en perspectiva histórica del desarrollo de las políticas de protección ambiental y desarrollo sostenible en el país permite concluir que es preciso asumir nuevos desafíos. Y hacerlo con sentido nacional e inclusivo, retomando la visión de construir políticas de estado y para la presente y futuras generaciones.
Esta nueva etapa debe responder a la prioridad de actuar en el campo de la efectividad y eficacia, o sea del cumplimiento efectivo de las políticas y normas, habilitando a las personas y colectivos con instrumentos para la participación y el control en la aplicación del derecho. Hoy el país tiene, salvo tal vez en el área de los residuos y de la minería, un derecho, una legislación, escrito adecuado en amplios sectores, que responden a los paradigmas más modernos, pero las carencias provienen de evidentes debilidades en lo institucional.
La institucionalidad de coordinación entre el estado central y los gobiernos departamentales requiere acción urgente sobre dos ejes: descentralización y regionalización. La concentración del hacer administrativo nuclear de autorizaciones y el control en Montevideo, es altamente negativo, burocrático y productor de una asimetría negativa. Debe profundizarse, vía convenios, una descentralización profunda, con instancias de regionalización para acercar gestión administrativa ambiental a los hechos.
La institucionalidad judicial, tanto en lo que tiene que ver con las normas que regulan el proceso en sí mismo como en lo orgánico, requiere impostergable actualización. Es preciso encarar como prioridad la designación de una comisión nacional de juristas, científicos y actores claves del movimiento Ambientalista para generar una adecuación del procedimiento a las particularidades del fenómeno ambiental, de ordenamiento Territorial, desarrollo sostenible y patrimonio cultural en materias básicas como legitimación, prueba, inmediatez del órgano con los ecosistemas, intervención de terceros previendo la figura del amigo del tribunal (amicus curiae), alcance de la sentencia, etc. Hay que crear con urgencia por lo menos un Juzgado Nacional Ambiental, con obligación de traslado a realizar etapas fundamentales del proceso in situ. Hay que crear una fiscalía nacional ambiental con agentes locales, dando cauce a la ejemplar actuación que ha cumplido con herramientas inapropiadas el Fiscal en lo Civil de Tercer Turno, Dr. Enrique Viana. Todo ello requiere pasar de un derecho ambiental meramente escrito a un derecho ambiental eficaz.
El tema minero requiere incluir normas de protección ambiental en el código de minería desde los primeros pasos de la actividad minera, o sea, desde el comienzo de los proyectos con la prospección, sin perjuicio de otras facetas como seguros, etc. Hay que modificar la normativa sobre Minería, incluyendo una visión ambiental moderna, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, generando protecciones y equilibrios para otras producciones y para valorar de la misma manera recursos como el agua o el suelo.
Resulta importante ratificar la soberanía de la nación, particularmente que desde una perspectiva ambienta podamos definir nuestro modelo de desarrollo, que incluya como explotaremos nuestros recursos naturales, como protegeremos nuestro ambiente, la calidad de nuestra agua y nuestro suelo. No queremos que nuestro Estado asista a la política de hechos consumados donde los inversores extranjeros son los que definen el modelo, los emprendimientos, que van hacer y donde.
Parece que hay jerarcas más preocupados por el record de inversiones extranjeras y no tienen la misma preocupación por la producción sustentable, la protección de nuestra agua y nuestro suelo, bienes finitos y muy valiosos en nuestro mundo contemporáneo por lo que significa en la soberanía alimentaria de las naciones.
Dr. Gerardo Amarilla, Representante Nacional.
