Una comisión integrada por prestadores públicos y privados de salud controlará directa y permanentemente a usuarios y empleados de hogares de ancianos a partir de hoy, lunes, proceso que iniciará con un hisopado general y progresivo, anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Además, los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social coordinarán la fiscalización de estos centros ante la pandemia de COVID-19.
La situación de los residenciales para personas de la tercera edad preocupa a las autoridades de Gobierno, más allá de las dos personas que fallecieron hoy por coronavirus, advirtió Delgado al inicio de la conferencia de prensa de ayer, en Torre Ejecutiva. En la ocasión estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas; el titular de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, y el presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.
Delgado informó que, a fines de marzo, estaban habilitados 41 de los 1.208 residenciales registrados, y que diez centros iniciaron los trámites de renovación del permiso ante el MSP. Unos 15.000 adultos mayores viven en estos residenciales registrados y, además, hay una cantidad importante de casas informales donde residen ancianos. Según datos oficiales, hay 208 residenciales en situación crítica y 110 no cumplen con todas las condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos.
Ante esta situación, el Gobierno profundizará el monitoreo de residenciales, mediante la coordinación entre Mides y MSP y, en especial, con una intervención permanente y directa a todos los centros para los adultos mayores, informó Delgado. Para esto, todos los prestadores de salud, público y privados, realizarán pruebas a trabajadores y residentes de estos centros. Si se detecta un caso de coronavirus, lo atenderá el prestador al que le corresponda y, si no cuenta con uno, ASSE se encargará del tratamiento, adelantó el secretario de Presidencia.
Detalló que como primera tarea se comenzó el testeo e hisopado generalizado a todos los residentes y funcionarios de las tres casas de ancianos en las que hay casos confirmados, en decisión tomada junto al presidente de la República, y luego se hará progresivo y programado al resto de las residencias. Los centros con casos sospechosos se deben aislar. Para atender todos los casos, las autoridades instrumentarán centros especiales para quienes no estén en condiciones de cumplir el aislamiento. Recordó que las visitas están suspendidas y que en algunos casos se incumplieron los protocolos.
El jerarca expresó que el departamento de jurídica del MSP analiza la responsabilidad penal de los dueños de las residencias. Por otra parte, informó que el lunes 27 estará en comunicación con la Cámara de Transporte, por el uso de la mascarilla en los ómnibus; y con la Intendencia de Montevideo, para tratar sobre la reapertura de locales de diversión en la capital del país.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que el monitoreo será continuo y diario, que iniciará en los residenciales más críticos -los que no cuentan con dirección técnica, donde haya pocos trabajadores por adulto mayor o ya se hayan registrado amonestaciones-. Continuará en forma progresiva con el resto de los centros. Este procedimiento comenzó con dos residenciales, donde fueron presentados los protocolos y se realizará la vigilancia de residentes y personal.
En ambos centros se definió una separación en áreas para evitar el contagio y también un espacio para las personas que transitan la afección. Se establecieron áreas de circulación y se brindaron instrucciones sobre cuidado personal. También fueron entregados termómetros para la toma de temperatura a distancia. A la brevedad, se proporcionarán oxímetros de pulso para el seguimiento de los pacientes.
“SITUACIÓN EN CASAS PARA ANCIANOS POR PANDEMIA
DEBE MOVILIZAR A LA REFLEXIÓN A TODO EL PAÍS”
Espacios antiguos, pisos de tierra, poca preparación del personal o los dueños de algunos centros son algunas de las situaciones que los técnicos de la División de Regulación y Fiscalización de centros de larga estadía del Mides encontraron. Inclusive, relató el ministro Bartol en la conferencia, lugares en condiciones “espeluznantes”: hay 110 residenciales que no respetan los derechos humanos de sus habitantes. “Eso es todo lo que queremos mejorar, es todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando”, subrayó.
El jerarca sostuvo que hasta ahora la experiencia muestra que, en alguna ocasión, cuando el Mides ha cerrado un centro, no se encuentra lugar para reubicar a sus residentes. Por este motivo, la estrategia para mejorar el sector empieza con el desarrollo de nuevos espacios. Mencionó la situación de los refugios para personas en situación de calle y recordó que en un mes se generaron 300 nuevas plazas y 100 adicionales de contingencia, para situaciones de riesgo.
Durante este proceso, ejemplificó, se encontró que convivían personas mayores de 65 años con otras de distintas edades, y se los ha separado utilizando hoteles y espacios cedidos por instituciones deportivas.
Finalmente, el jerarca aseguró que esta situación provocada por el COVID-19 es como un gran despertador, pero servirá para abordar un problema histórico del Uruguay que lleva larga data sin un abordaje serio y completo que apunte a resolver estas situaciones en las que no se respetan los derechos humanos de las personas mayores.