En la noche del pasado miércoles, en la sala “José G. Artigas”, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Rivera. La misma fue presidida por la edil Elizabeth Rodríguez. El primer punto del Orden del Día se destinó a la aprobación por unanimidad de las actas Nº 247 y 250, sobre dieciocho votos.
Continuando con el Orden del Día, hicieron uso de la palabra en la Media Hora Previa los ediles Leandro Muñoz (PC), Dr. Matías Acosta (PN), Prof. Laura Buzo (FA), Ceferino López (PN), Luciano Machado (PC) y Prof. Zaida Castro (PC).
El suplente de edil Leandro Muñoz (PC) expresó que “hay algo que nos tiene preocupado y no nos ha dejado nada conformes hasta el momento. Voy a ir a un tema clarito, que todo el mundo tiene pleno conocimiento de ello: Ruta 27, treinta y cuatro kilómetros contratados. Exactamente van cuatro años y dos meses para treinta y cuatro kilómetros. O sea que si vamos a la máquina o a la cabeza y hacemos un poquito de cuentas, mil doscientos días de trabajo, que totaliza treinta y cinco días para cada kilómetro construido y aun no van veinte kilómetros de construcción de esa ruta. O sea que esto es un mamarracho directo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una vergüenza ante toda la gente que transita por esa ruta. Es algo insólito”.
“El segundo tema es que acá mismo hicimos un reclamo (…) que no existía conectividad por parte de la línea de ANTEL en toda la zona de Ruta 6, Vichadero, Paso Hospital, San Luis y las zonas circundantes. Eso vino de parte de un edil del Frente Amplio, que ese día aplaudimos. Fuimos informados que se habían colocado equipos de última generación en la antena de Guaviyú, que cubriría toda la zona. Resulta que hemos recorrido toda la zona porque lo hacemos mensualmente y realmente hace más de tres meses de ese hecho y sigue totalmente igual, sin conectividad. O sea seguimos en las mismas y en los mismos reclamos”.
El suplente de edil Dr. Matías Acosta (PN) recordó que “hace un año presentamos en esta misma casa un planteo, que lo llamamos Plan B, y que en aquel momento decíamos que habían alarmas que sonaban en los bolsillos y las conversaciones de los habitantes de nuestro departamento de Rivera. Hace exactamente un año, que la situación laboral en nuestro departamento era riesgosa y nos cuestionábamos si habíamos accionado un Plan B para casos indeseados pero posibles, como el cierre de la Minera de Minas de Corrales, o una crisis en el sector de la madera que repercute fuertemente en la ciudad de Tranqueras, donde la madera es el principal ingreso de las familias, y seguramente en Vichadero con la arrocera y todo el interior del departamento tengamos situaciones similares”.
“Hoy no solo cerró la Minera, sino que hay muchos trabajadores en seguro de paro por la crisis del sector de la madera en todo el departamento, y la situación continúa agravándose. Nos preguntamos ahora, ¿qué pasará cuando abran los Free Shops del lado de Livramento, que ya es una realidad, y a sabiendas de que hay muchísima gente de Rivera, de la ciudad, y de todo el departamento que trabajan en el free shop del lado uruguayo? ¿Hemos generado un ‘Plan B’ en el departamento de Rivera? Muchos vecinos ya se cuestionan la posibilidad de emigrar, y otros ya han emigrado a otros departamentos en búsqueda de un futuro mejor para sus familias, generando aquí un sangrado importante en la sociedad, perdiendo identidad y comunidad. Especialmente en el campo”.
La edil Prof. Laura Buzo (FA) expresó que “el pasado 23 de agosto, a través de la Ley Nº 19.782, el Gobierno dio marco normativo a un serio y viejo problema que tiene que ver con parte de una cadena productiva sumamente importante para muchos uruguayos. La ley fue impulsada por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados ante ‘la elaboración y la venta de chorizos sin control en todo el país, pero muy especialmente en el interior’, argumentaron los legisladores en su informe respaldando la norma. Desde hace mucho que existe desde varios ámbitos la preocupación por la venta de embutidos (chorizos) en comercios no autorizados para este fin, principalmente en el interior del país”.
“Las carnicerías del interior no tienen el movimiento comercial de Montevideo y sus cercanías, por lo cual esta mercadería termina siendo un elemento de sustentabilidad de las mismas, pero el problema radicaba en la elaboración del preciado producto, tanto en lo directamente relacionado al artesanato, es decir: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Como a lo relativo al origen de la carne a utilizar. Esta elaboración, con esas interrogantes sin responder, hasta hace poco era ilegal. Por lo tanto, permitir la elaboración de dichos embutidos en un lugar predeterminado, con algunas adecuaciones en la propia carnicería, a la vista del público, con algún tipo de control en territorio, donde se garantice por lo menos el origen de la carne y el aspecto sanitario del lugar, es una medida que no solamente favorece al comerciante, sino también colabora y mucho con la salud de la población”.
El suplente de edil Ceferino López (PN) presentó tres temas planteados por vecinos de Minas de Corrales: “Voy a comenzar por el Camino de Moran, camino vecinal ubicado en la 6ª Sección. La caminería de esta zona se encuentra en un estado lamentable, que urge una reparación que sea perdurable en el tiempo que es el justo reclamo de vecinos de la zona afectada por pozos y el proceso de desgaste vial. El otro tema de caminería se ubica en el empalme de la Ruta 28 y 29. Desde la Escuela Agraria hasta Amarillo la ruta precisa ser reparada debido a que desde el año 2015 no se ha mejorado, lo que provoca el desgaste natural y del tránsito de transporte de mediano y alto porte, junto a las inclemencias del tiempo, que dan lugar a formaciones de pozos, por lo que es necesaria una reforma a la brevedad para atender la solicitud de los vecinos del lugar”.
“El tercer punto es el reclamo de vecinos que piden la reparación del camino que se ubica desde Laureles hasta Paso Cuña, la misma situación de desgaste del suelo, con pozos que se inundan, acumulación de agua estancada, etcétera. Quiero destacar que el tema de caminería es algo reiterativo en períodos legislativos anteriores y actuales por parte de los vecinos de Minas de Corrales. Llama la atención que los arreglos y reparaciones que se efectúan en las rutas y caminos perduren poco tiempo y que no haya un mantenimiento periódico estipulado por las autoridades Departamentales y Nacionales como debería ser. Así como los contribuyentes tenemos los impuestos al día, así los vecinos se merecen el cuidado de rutas y caminos en buenas condiciones, como contrapartida de un derecho adquirido de todo ciudadano que cumple con el pago de impuestos en tiempo y forma a un costo elevado”.
El edil Luciano Machado (PC) dijo que “en la Casa del Partido Colorado se realizó una Asamblea Abierta organizada por la Coordinadora Nacional de la Juventud, a la cual pude asistir porque era una asamblea abierta para tratar los temas de la Ley Vivir sin Miedo, impulsada por el Senador Larrañaga. Allí participó Pablo Abdala Diputado PN, también el Diputado Andrés Ojeda, el cual uno defendía y el otro decía ¿por qué no votar la causa? Luego de escuchar los cuatro puntos principales el que más causó un poco fue el del tema de los allanamientos nocturnos. Quizás si la Ley fuera un poquito más clara y especificara cual serían los delitos a los cuales los Jueces podrían liberar el allanamiento nocturno, tendría un poco más”.
“Estuvimos hablando con todos, se estuvo discutiendo y la juventud no quiere más remiendos, no quiere más empujar con la barriga, no quiere más atar con alambres. Lo que tenemos que hacer es medidas de fondo, medidas que realmente traigan resultados concisos, que realmente podamos trabajar, que podamos vivir sin miedo. El propio senador Larrañaga dice que esto no va a cambiar mucho, sí puede ayudar algo pero no es definitivo. Lo que estuvimos hablando es que hay que analizar el Código Penal, también lo que tiene que ver con el Proceso Penal. (…) Por eso la Juventud del Partido Colorado se declaró en contra, no por simplemente algo político que creó un senador del PN, sino porque está segura que esto no es lo que va a solucionar el tema”.
La edil Prof. Zaida Castro (PC) señaló que “los principios de salud y bienestar de las familias y las naciones se basan en una vida providente, lo cual significa vivir dentro de lo que nuestros ingresos permitan, y prepararse para las vicisitudes de la vida y para las emergencias. La vida providente significa utilizar los recursos de la tierra en forma prudente sin derrochar aún en las épocas de abundancia. Significa evitar las deudas excesivas y procurar estar satisfechos con lo que tengamos. En esta época se promueve la nefasta idea de que debemos poseer todo lo que los demás poseen, ahora mismo; entonces, incapaces de demorar el placer, muchos se endeudan y justifican las deudas para comprar lo que no está a su alcance”.
“De esta forma, nos colocamos en una servidumbre voluntaria. Obligamos nuestro tiempo, energía y medios para pagar lo que nos han prestado, en vez de utilizar esos recursos para ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y a los demás. Las deudas van minando nuestra libertad, aumenta la desesperanza y nos debilita físicamente, nos deprime mentalmente y nos agobia espiritualmente. Afecta el concepto que tenemos de nosotros mismos, así como nuestra relación con el cónyuge y los hijos, con los amigos y vecinos. Pagar nuestras deudas cuanto antes y evitar deudas futuras requiere hacer las cosas mejor, y también ser mejores. Se requiere gran fuerza de voluntad para decir ‘no está a nuestro alcance’ y para confiar en que la vida será mejor al sacrificar los deseos para cubrir las necesidades”.
Finalizada la media hora previa, el plenario trató los informes de las Comisiones Asesoras y los asuntos entrados.