Una mayoría de los 46 Estados que intervinieron este lunes en el Examen Periódico Universal (EPU) de Uruguay, un nuevo mecanismo de control convocado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exhortaron este lunes a Montevideo a que termine con la desigualdad que sufren las mujeres.
“¿Qué medidas adicionales piensan adoptar para lograr mayores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en lo que respecta al ámbito laboral y a la participación en la administración pública y la vida política?”, le preguntó Perú a la delegación de Uruguay, encabezada por su canciller, Gonzalo Fernández.
“Tienen que destinar un mayor gasto social a las mujeres”, sostuvo el representante de Malasia mientras que el de Portugal señaló que “las mujeres son víctimas de la violencia doméstica”. “El Código Penal y el Código Civil desfavorecen a las mujeres”, afirmó la delegación francesa.
Entre otros países, se pronunciaron en tal sentido Argelia, Brasil, Reino Unido, Pakistán, Azerbaiyán, Suecia, México, Paraguay, Holanda, Italia, Ucrania, Nigeria, Bangladesh, Filipinas, Alemania, Eslovenia, la República Checa, España y el Vaticano.
Argelia le recomendó también a Uruguay elaborar un plan nacional de lucha contra la discriminación de indígenas y descendientes africanos, inquietudes compartidas por Sudáfrica, Bolivia y Guatemala.
El canciller Gonzalo Fernández aprovechó la oportunidad para reconocer que “en los inicios de nuestra República los indios de mi país sufrieron un genocidio”, en relación a los aborígenes charrúas exterminados a mediados del Siglo XIX.
Fernández anunció también que ya se habían reunido las firmas necesarias de los ciudadanos uruguayos para llamar a un plebiscito que anule, por vía electoral, la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 por el parlamento, tras el fin de la dictadura cívico-militar (1973 a 1985).
Una tentativa previa de anular esta ley, que impidió enjuiciar a los violadores de los derechos humanos de la dictadura pero dio al Poder Ejecutivo potestad para decidir qué casos podían ser sometidos a la justicia, fue derrotada en un plebiscito en 1989.
La necesidad de instaurar una institución independiente y nacional que defienda los derechos humanos, una mejor atención a la niñez, en especial a los chicos de la calle, y una solución para el abarrotamiento de las cárceles, fueron otras de las peticiones que formularon Venezuela, Finlandia, Bélgica, Corea del Sur, Turquía, Japón y Chile.
El EPU que afrontó Uruguay constituyó un debate en torno a un informe presentado por el propio país, junto a dos otros elaborados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, uno que resume elementos obrantes en los organismos pertinentes de Naciones Unidas y otro con datos y alegaciones provenientes de ONG.
Supervisado por una troika de países designados por sorteo, responsabilidad que recayó en Argentina, Nigeria y Jordania, un informe será presentado el próximo miércoles 13 de mayo, donde el gobierno de Uruguay tiene que indicar si acepta, rechaza o posterga pronunciarse sobre las críticas y observaciones que hoy le formularon los Estados.
Ese documento será luego elevado para su adopción en la sesión de septiembre de 2009 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el máximo órgano de la ONU en la materia, compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU.
En esa instancia se abrirá entonces un segundo debate en el que las ONG podrán intervenir oralmente y al cabo del cual, de aprobarse el informe, implicará para Uruguay asumir un compromiso voluntario sobre las recomendaciones que figuren en su contenido y que hubieren sido consentidas por el actual gobierno presidido por Tabaré Vázquez.
