Durante el cierre de un proyecto del Mercosur para combatir la trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial realizado en “ciudades gemelas” de frontera, el director del INAU, Jorge Ferrando, informó que en Uruguay creció el número de denuncias. Dijo que una vez verificadas, se trabaja con la víctima a nivel psicosocial y se denuncia al adulto ante la Justicia.
Uruguay, en ejercicio de la presidencia pro témpore del Mercosur, organizó dos jornadas -10 y 11 de junio- en el marco de la “Estrategia de lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial”, un proyecto que surgió a partir de NIÑOSUR, área vinculada a los temas de infancia dentro del bloque regional. La iniciativa fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El director del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Jorge Ferrando, presidió el acto que se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Psicología, acompañado de representantes de Argentina, Brasil y Paraguay y del organismo internacional.
EL PROYECTO
La iniciativa actualmente se encuentra en la etapa final, pero comenzó hace algunos años en catorce “ciudades gemelas” ubicadas en fronteras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En el caso de Uruguay, las ciudades fueron Rivera, Chuy, Río Branco y Bella Unión. Se comenzó con un diagnóstico de las situaciones de explotación sexual que pudiera existir en cada zona, seguido de capacitación, acciones de sensibilización de actores locales y diseño de un plan de trabajo. En paralelo se ejecutaron tareas de investigación sobre el tema. En Uruguay participó la Universidad de la República (Facultades de Psicología, Ciencias Sociales y Derecho).
“INAU, además de participar activamente del proceso, trabaja en los dispositivos de detección, atención de situaciones de explotación sexual y denuncia ante las autoridades judiciales”, explicó Ferrando, quien considera que este encuentro permite analizar las experiencias de los cuatro países, dimensionar la situación regional e intercambiar acciones y avances para posibles acuerdos entre gobiernos.
LA REALIDAD EN NUESTRO PAÍS
Ferrando dijo que en Uruguay existe una tendencia creciente en cuanto a denuncias. Hace tres años se denunciaban unos 10 u 11 casos por año; en 2012 hubo más de 40, y en 2013 se registraron unas 15 o 16 situaciones. “Nos da la impresión de que, más que un aumento de las situaciones, lo que hay es mayor denuncia. Desde que se viene trabajando en la sensibilización del tema, hay una mayor visión de la explotación sexual como un delito y no como algo naturalizado”, sostuvo.
Agregó que las víctimas en su mayoría son mujeres adolescentes. En general provienen de familias con cierto nivel de conflictividad, situaciones de violencia doméstica, problemáticas económicas, madres que quedaron solas y cuyos hijos buscan estrategias de supervivencia. Suelen ser adolescentes con baja autoestima y escaso rendimiento educativo, que encuentran en la explotación sexual una vía rápida de ingresos económicos.
“El perfil del adulto que comete el delito es más variado, pero en la mayoría de los casos se trata de hombres de entre 40 y 50 años, de distintos estratos sociales. Suelen tener una visión muy machista de la situación y de la relación con las mujeres, y ven como novedad experimentar con una adolescente en lugar de con una mujer madura”, sostuvo Ferrando. Habló de las frecuentes “excusas”, es decir cuando el adulto argumenta que desconocía la condición de menor de edad de la adolescente, ya que su físico o forma de vestir no lo aparentaba. Dijo que solo es una forma de deslindar responsabilidades.
Informó que una vez que se detectan estas situaciones se avanza en un fuerte trabajo psicosocial y evaluación del entorno familiar para visualizar si es posible que ese adolescente salga adelante dentro de su marco familiar o si se requiere otro tipo de intervención, por ejemplo, que viva en otro lugar, para poder reconstruir su historia de vida sin estigmatizaciones.
LA DENUNCIA
La denuncia proviene fundamentalmente de vecinos, redes sociales, centros educativos y de salud. “Nosotros recopilamos la mayor información posible para verificar la certeza de situaciones de explotación, para poner en conocimiento de la Justicia, y que se disponga la investigación de los casos”, relató el director de INAU. Explicó que se generan dos situaciones: puede tener competencia el Juzgado de Crimen Organizado o actuar los jueces locales. “Lo que se suele dar es que se plantea internar en el INAU al adolescente víctima de explotación sexual, pero los adultos responsables muchas veces no son juzgados. Esta es una de las debilidades en las que se debe avanzar para el combate del tema”.
Se reciben denuncias por la Línea Azul de INAU (0800 5050) o a través del correo directorio@inau.gub.uy.
