Director de la OPP recibió ayer a una delegación del Congreso de Intendentes

En un encuentro de tono cordial y constructivo, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y el subdirector Santiago Soto recibieron en la jornada de ayer, jueves, a una delegación del Congreso de Intendentes para escuchar su planteo acerca de la rebaja de la contribución inmobiliaria rural que el Gobierno Nacional instrumentó dentro de un paquete de medidas destinadas a atender las dificultades coyunturales de algunos sectores agropecuarios.
La delegación del Congreso de Intendentes estuvo representada por su presidente, José Luis Falero (San José), Guillermo Caraballo (Paysandú), Marne Osorio (Rivera), Sergio Botana (Cerro Largo) y Aníbal Pereyra.
En el encuentro, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto contextualizó el proyecto de rebaja de la contribución inmobiliaria rural (remitido recientemente al Parlamento) en un conjunto de medidas (exoneraciones tributarias, devolución del IVA en el gasoil, rebajas en las tarifas eléctricas y fondos de apoyo y de garantías) que demuestran la sensibilidad del Gobierno para con las dificultades coyunturales que enfrentan algunos sectores agropecuarios.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo entendió que los distintos niveles de gobierno debían realizar un esfuerzo adicional para realizar ajustes que permitieran responder a esta situación con una sensibilidad similar. Por eso propuso que las medidas de ayuda económica fueran también financiadas por los Gobiernos Departamentales, en forma proporcional a los tributos que perciben del sector agropecuario.
En este caso, el Director de la OPP explicó que la reducción de un 18% de la alícuota de la contribución inmobiliaria rural a los propietarios de padrones que no excedan de 1.000 hectáreas índice CONEAT 100, y del 10% adicional para los productores que no sean contribuyentes del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas), representará una reducción de ingresos para las intendencias de 250 millones de pesos (unos ocho millones de dólares), según estimaciones primarias, un monto que no generará trastornos presupuestales importantes para las intendencias.
Para corroborarlo, en el encuentro se manejaron algunos datos. En términos porcentuales, la medida representa entre un 0,3% y un 1,7% de los ingresos anuales de las intendencias, según el departamento que se considere.
En el mismo sentido, se recordó que el Gobierno Nacional transfirió el año pasado a los Gobiernos Departamentales 15.500 millones de pesos, que equivalen a unos 535 millones de dólares.
Al margen de su cuantioso monto, estas transferencias revisten otra doble importancia: se pagan desde 2005 en tiempo y forma, algo vital para las finanzas de los departamentos, ya que en algunos casos superan el 60% o 70% de sus ingresos; y los montos transferidos han crecido un 125% en términos reales respecto de 2004.
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recordó que el objetivo de estas transferencias es velar por la salud financiera de los Gobiernos Departamentales, a efectos de que puedan brindar los mejores servicios y de la manera más eficiente a su población, en el marco de una política de descentralización que tiene la equidad territorial como horizonte.