Las gremiales de productores entienden que el nuevo impuesto del gobierno para desestimular la concentración de la tierra impulsará al alza el precio de los arrendamientos de campo, ya que los propietarios esperan trasladar su costo cuando deban asumirlo.
Así lo manifestó el presidente de la Federación Rural del Uruguay (FRU), Miguel Sanguinetti. La visión fue compartida por varios consignatarios de ganado y operadores del mercado local.
El proyecto que el gobierno envió el lunes al Parlamento (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) propone gravar las extensiones de tierra con más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 (la unidad que mide capacidad de producción de lana y carne de los suelos). Establece tres franjas para cobrar de forma progresiva la concentración de tierra y, a la vez, incorpora cambios en el cobro de impuesto a la renta en la compraventa de inmuebles rurales.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) envió al presidente José Mujica una carta para manifestarle su intención de dialogar acerca del proyecto que propone crear un impuesto a la concentración de la tierra. “Uruguay tiene un problema de infraestructura que debe solucionar y estamos dispuestos a escuchar vías de solución, pero la ARU esta dispuesta a estudiar distintas opciones para solucionar este problema”, dijo el presidente de la gremial, José Bonica. Para el dirigente el costo del mismo puede ser asumido en la bonanza, pero se vuelve rígido en escenarios desfavorables.
