Organismos públicos analizan reglamentación de ley de personas con discapacidad
En Uruguay por primera vez una ley destinada a personas discapacitadas es analizada por los organismos competentes involucrados en su aplicación. “Su reglamentación se efectúa a medida que se hace aplicable la norma”, detalló María José Bagnato, directora del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS). Desde 2012 los organismos involucrados trabajan en la creación de normas y programas que permitan aplicar la nueva ley.
María José Bagnato, directora del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) recordó que el 10 de febrero de 2010 se promulgó una nueva ley de discapacidad denominada “Protección Integral de Personas con Discapacidad”, producto de la modificación de la antigua Ley Nº 16.095, promulgada en 1989, vigente hasta esa fecha y nunca reglamentada en veintiún años.
“Para crear esta nueva ley se realizó un proceso de revisión que comenzó en 2005, cuando se actualizaron los términos y se incorporaron nuevos capítulos”, indicó la entrevistada. En cuanto a su reglamentación, puntualizó que en este período de Gobierno se determinó la división por capítulos con apoyo de gobiernos departamentales, a fin de adecuar las normas o implementar nuevos programas.
Según Bagnato, esta ley otorga el marco para las acciones que el Estado debe realizar en materia de discapacidad, pero aún es necesario implementar programas para garantizar los derechos de la población.
Las acciones que coordinan los distintos ministerios en procura de la reglamentación de la ley recordó comenzaron en 2012, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas amplió el concepto para la exoneración de impuestos por la compra de automóviles a personas discapacitadas. A partir de esta fecha la norma se aplica a personas con discapacidad motriz, ceguera e incapacidad intelectual, situaciones que antes no eran contempladas.
También valoró que el Banco Central del Uruguay implementa políticas inclusivas, especialmente para personas ciegas y con baja visión. Se trata de medidas de accesibilidad a todos los servicios financieros que brindan los bancos públicos y privados.
La entrevistada recordó, en el mismo sentido, que se reglamentó el uso del bastón verde y blanco y el reconocimiento del perro guía para personas con discapacidad visual. “Estas acciones impactan directamente sobre el concepto de accesibilidad de la ley”, enfatizó.
En cuanto a la educación, indicó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) estableció una Comisión de Continuidad Educativa, con participación del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay y PRONADIS, para implementar programas dedicados a personas que egresan de las escuelas especiales.
Otra acción que destacó en reconocimiento al MEC, es la disposición que promueve la exoneración de aportes patronales de asociaciones sin fines de lucro destinados a personas con discapacidad.
Bagnato anunció que quedará reglamentado en no más de 30 días el artículo referido al ingreso a la función pública para personas con discapacidad; acción que se complementa con la ley de Rendición de Cuentas.
Además, consideró de importancia que la ley de Empleo Juvenil implicará exoneraciones tributarias para las empresas que contraten personal con discapacidad de entre 18 y 30 años.
Otra de las acciones enumeradas es que recientemente el Ministerio de Salud Pública comenzó a trabajar en la elaboración de protocolos en temas vinculados con los servicios de rehabilitación, especialmente en el sector público.
Bagnato informó que para mejorar la atención a las personas con discapacidad el Gobierno creó el Centro Nacional de Ayudas Técnicas. Por último, subrayó que actualmente se trabaja en la reglamentación de la asistencia personal para personas con discapacidades severas y en situación de dependencia.
