El diputado Gerardo Amarilla manifestó que votamos el proyecto por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) con algunas objeciones fundamentalmente en lo que respecta a la exclusión de los propios miembros de la familia como posibles cuidadores del sistema.
Amarilla realizó una exposición resaltando el valor de la familia como base de la sociedad reconocida por nuestra Constitución y por declaraciones internacionales. En ese sentido entiende que no deberíamos solo favorecer al mercado en éste sistema sino que deberíamos centrar las políticas y los apoyos al individuo, su entorno familiar y subsidiariamente al mercado y al estado.
El diputado nacionalista además reclamó sobre las variedades e imprecisiones del proyecto reclamando que muchos aspectos importantes quedan librados a la reglamentación, también resaltó que desde el Partido Nacional se propondrán artículos aditivos para incluir metas concretas sobre el cumplimiento de inclusión de sectores en el sistema y la figura del “Ombudsman” para realizar un seguimiento en la ejecución del SNIC.
En su exposición, el diputado Gerardo Amarilla expresa: “En el artículo 42 en tanto señala que ‘La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo’.
También queremos hacer referencia al documento que ya la organización ACUPS mencionó en el seno de esta Comisión y que surge del Consejo de DD.HH. de ONU, el pasado 1 de julio de 2015 que específicamente ‘reconoce y destaca el rol de la familia en el cuidado directo de los niños y las personas con discapacidades’.
De todo este análisis entendemos que la institucionalización del cuidado, vía prestaciones estatales o privadas debería ser estrictamente subsidiaria.
Por lo tanto, debería corregirse la referencia al mercado como prestador central, que entendemos que sólo es legítimo en vía de subsidiariedad.
De aquí que en las políticas de fomento, apoyo y subsidio el Estado debe privilegiar con acciones positivas en la asignación de recursos públicos a las familias necesitadas con preferencia a instituciones públicas o privadas.
La ley en su fundamentación, presente tanto en la exposición de motivo como en las presentaciones de algunas organizaciones que estuvieron en la propia generación de la idea, como la Red Nacional de Cuidados, nos habla de un proceso de desintegración familiar producto de algunos cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años. Situaciones que se dan a partir de un cambio de hábitos, de aumento de las exigencias laborales, aumento de las dificultades de movilidad, una vida más exigente y exigida, entre otros han derivado en un proceso que la familia tradicional, con sus tiempos y espacios para compartir, se ha venido desintegrando con los consecuentes cambios en su función de contención del ejercicio efectivo de la solidaridad entre sus miembros.
La pregunta que hicimos al comienzo de este debate es si esta ley se limitaba a tratar de ofrecer herramientas que intentaran ayudar a los efectos negativos de esos cambios sociales que suponen la desintegración familiar o trataba de incidir de alguna manera, no sólo para ayudar en las respuestas a los problemas generados sino que además en contribuir a evitar el crecimiento de la desintegración y en lo posible ayudar reducirla. Lo que no podemos permitir es que la ley, termine teniendo como efecto colateral, el agravamiento de la desintegración familiar, disponiendo que la tercerización sea de precepto, casi que obligatoria y no dejando margen para el apoyo o el subsidio intrafamiliar.
Se explicó en comisión que la negativa a considerar a miembros de la familia tiene un fundamento filosófico y parte de la base que los ‘cuidados’ de la familia tiene una obligación legal y por lo tanto no se puede pagar por ellos. Si bien es cierto que las normas de derecho civil hablan de una obligación recíproca de asistencia, auxilios, prestación de alimentos, etc. no estaría vedado que la ley también fuera un instrumento para fortalecer esos lazos y de alguna manera subsidiar el fortalecimiento de esos lazos intrafamiliares.
Reafirmando nuestra impronta liberal, justamente en estos temas en donde ponemos mayor atención y hasta reparo en otorgarle un papel trascendente al ‘mercado’. Porque si le damos un papel trascendente al ‘mercado’ cuando hablamos del cuidado de personas, terminamos concluyendo que las personas son mercancía, y creo que de ninguna manera podemos permitirnos estar ni siquiera cerca de esa conclusión.
Por estas razones señora Presidente, vamos a votar afirmativamente en general pero hacemos esta precisión entiendo que hay que realizar cambios necesarios en el articulado para que esta ley constituya una herramienta que de soluciones a las familias en el cuidado de sus integrantes y que además pueda fortalecer a la institución familia y de ninguna manera pueda derivarse de ella un favorecimiento a resquebrajar -aún más- esta institución que, creo que todos coincidimos en la base de nuestra sociedad.
Otras objeciones que seguramente nos referiremos en el estudios del articulado y para los cuales en conjunto los legisladores del Partido Nacional hemos preparado artículos sustitutivos o aditivos al proyecto, tiene que ver con imprecisiones de la ley que se dejan libradas a una reglamentación que entendemos por la legalidad o por su importancia no deberían ser libradas a la misma.
La ausencia de metas del proyecto, que oportunamente el Gobierno se había comprometido a fijar e incluso se habían publicado en algún documento oficial pero que en la ley no aparecen como entendemos que debería.
Ante tantas imprecisiones y vaguedades en la implementación del proyecto y además debido a la trascendencia e incidencia social del mismo, proponemos la creación de un ‘ombusdman’ del SNIC que oportunamente se presentará como artículo aditivo”, concluyó.
