Diputado Amarilla presentó reclamos por trabajadores, desalojos y cambios en régimen de free shop

El diputado Gerardo Amarilla (PN-Rivera) realizó planteos en la Comisión Permanente del Parlamento, que integra en este período, sobre la situación de los trabajadores de la Minera San Gregorio, sobre las intimaciones y desalojos que lleva adelante la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en Rivera y sobre el último decreto de la Dirección de Aduanas que “cambia reglas de juego y genera inestabilidad en el régimen de free shop”.
El representante nacional presentó una nota firmada por unos doscientos trabajadores de la empresa Loryser S.A. (Minera San Gregorio) actualmente acogidos al seguro por desempleo pero que manifiestan su preocupación por su futuro laboral. Expresan que hay un 20% de los trabajadores que ya consiguieron una nueva oportunidad laboral pero la gran mayoría aún no y por eso se comparte esta preocupación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, y “ante la conmoción generada en varias familias integrantes de Cooperativas de Viviendas de la ciudad de Rivera que están siendo intimadas por la Agencia Nacional de Viviendas y que lleva además trámites de desalojos y lanzamientos en estos últimos días”, el diputado Amarilla solicitó que se suspendan estas actuaciones y “se abra un espacio de diálogo para resolver esta problemática social de familias que no pueden frenar las actuaciones debido a su condición socioeconómica”.
El diputado nacionalista también manifestó al Parlamento su preocupación por una reciente resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, que “cambia reglas de juego y establece nuevos criterios de responsabilidad por la importación de mercadería, que genera preocupación en los operadores del régimen de Free Shop”.
El Dr. Gerardo Amarilla señaló que “la resolución de la DNA 145/2019 introduce nuevas reglas de juego, aparecer adoptadas en forma inconsulta y que genera preocupación a los diferentes operadores ya que modifica el régimen general de responsabilidad que se establece por ley”.
El legislador solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que se suspenda esa resolución y que se genere un espacio de diálogo con los operadores, “a los efectos de evitar perjuicios al sistema que afecten el comercio y las fuentes laborales”.