Casi nueve mil hogares de contexto vulnerable de todo Uruguay regularizaron en 2019 sus conexiones a la red eléctrica gracias al Plan de Inclusión Social, que lleva adelante UTE a fin de mejorar la calidad de los servicios y dar garantías de seguridad necesarias a la población. Desde 2013 se formalizaron en ese marco más de 31.000 usuarios, 88% de los cuales mantuvo un comportamiento normal de pago.
El objetivo del Plan de Inclusión Social de UTE es llevar a todos los hogares del país el servicio de energía eléctrica con iguales condiciones de calidad y seguridad, lo cual es un derecho, a fin de terminar con las conexiones directas a la red que, además de los problemas indicados, son ilegales, con todo lo que ello implica. La formalización permite crear condiciones de acceso y sostenibilidad al sistema de los hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
En ese entorno, se trabaja en asegurar la permanencia de las conexiones en procura de una conducta de responsabilidad en las poblaciones abordadas, para lo cual se establece una comunicación personalizada, clara y accesible, y criterios de medición sociales y económicos.
En 2013 se regularizaron las conexiones de 31.115 hogares de contexto vulnerable, mientras que solo en 2019 fueron 8.984, de los cuales 2.132 están ubicados en Montevideo, cantidad que superó en casi 1.000 la meta prevista para el año.
El Plan de Inclusión Social de UTE promueve la formalización del suministro de energía eléctrica en barrios o urbanizaciones de todo el país que aún no cuentan con él para mejorar la calidad y seguridad de las personas. La regularización supone un cambio cultural, por eso es abordado por la empresa estatal desde distintos ángulos con la actuación de asistentes sociales, además del acompañamiento humano y técnico ofrecido por equipos especializados.
Junto con la conexión a la red eléctrica, UTE implementa una batería de políticas comerciales que posibilitó que desde hace siete años el 88% de los hogares se mantenga en el sistema formal. El proceso incluye charlas de información previas a la conexión, relevamiento y diagnóstico, además del acompañamiento permanente a los vecinos para facilitar su adaptación a la nueva realidad, que supone derechos y obligaciones.
El porcentaje de clientes que mantiene un comportamiento de pago varía entre 93 y 84, según la zona. En promedio, el 66% está al día con su factura y el resto registra algún atraso, pero se mantiene dentro del sistema. El consumo mensual promedio de cada conexión regularizada es de 209 kilovatios hora, con una facturación mensual promedio de 1.084 pesos.
Para este año, UTE prevé llegar a las 8.000 nuevas conexiones. Con el fin de completar los 66.550 hogares que carecían de servicio de electricidad regular al comenzar el Plan de Inclusión, se planificó ese número de regularizaciones por año durante el período 2019-2024 y 5.740 para 2025.
Desde 2013, UTE regularizó conexiones de 31.000 hogares de contexto vulnerable
