La trata de personas y la explotación sexual comercial infantil son problemas de gran complejidad que vulneran gravemente los derechos humanos de mujeres, niñas y niños.
Según el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños la trata de personas significa la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los servicios o trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
La explotación sexual comercial infantil refiere a la utilización de personas menores de 18 años de edad en actividades sexuales, erótica o pornográfica para satisfacción de intereses y/o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago o promesa de pago económico, en especie o de cualquier otro tipo de regalía para la persona menor de edad o para una tercera persona.
El Protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía exhorta a los Estados a adoptar las medidas adecuadas en todas fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas venta, prostitución y pornografía.
Tanto la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, como la explotación sexual comercial se encuentran íntimamente vinculadas a la pobreza, a la discriminación por género, a la desigualdad de oportunidades, es decir a derechos reconocidos en las personas pero no ejercidos. A ello se adiciona la dificultad de la sociedad en su conjunto de concebir a las personas que padecen alguna de estas situaciones como víctimas, en la gran mayoría de los casos se las culpabiliza o simplemente se considera que tomaron una opción en sus vidas.
Varios son los factores que complejizan el abordaje de la trata de personas y de la explotación sexual comercial infantil. Uno de ellos es la escasa probabilidad de que las víctimas denuncien lo que están padeciendo, muchas veces porque desconocen los mecanismos institucionales para hacerlo y, otras tantas, porque la relación de poder entre victimario y víctima hace que ésta última se perciba a sí misma como cómplice del delito. A ello se adiciona que los grupos de delincuencia organizada, grandes o pequeños, pero con alto nivel de complejidad y especialización, muchas veces involucran a familiares y conocidos de las víctimas en el proceso de captación, lo que hace aún más difícil su abordaje.
Las ciudades fronterizas son escenarios ideales para la criminalidad organizada transnacional vinculada especialmente a delitos como la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil.
Estos delitos son además complejos desde el punto vista jurídico por lo que requieren la cooperación internacional formal así como inclusive la informal, potenciando los vínculos de confianza entre los operadores de los países para proteger a las víctimas procurando evitar la re-victimización y las actuaciones que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima o la ineficacia del proceso. Por ello la formación de los operadores del Ministerio Público es imprescindible.
En la Declaración de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos contra la Trata de personas -aprobada en el año 2008 en Santiago de Chile- se recoge el compromiso irrestricto de los Estados de intensificar la colaboración entre los Ministerios Públicos de Iberoamérica en la lucha contra la trata de personas, apoyados en la cooperación penal internacional, en la investigación criminal, y en la asistencia y protección a las víctimas y testigos en el ámbito de sus competencias.
El objetivo de este seminario consiste en habilitar un espacio para el intercambio de experiencias entre fiscales brasileros y uruguayos sobre la temática, a efectos de conocer el desempeño y las herramientas de las que ambos colectivos se sirven para abordarla desde un enfoque de derechos humanos.
AGENDA
Seminario binacional sobre Trata de mujeres y niños y explotación sexual comercial infantil. Rivera 2 y 3 de setiembre de 2011. Lugar: Salón de actos de la Intendencia de Rivera, Agraciada 570.
Viernes 2 de setiembre.
Hora 18:30 Acreditaciones fiscales.
Hora 19:00 Mesa de apertura:
– Dr. Jefferson Aparecido Días, Procurador Regional de los Derechos del Ciudadano en San Pablo. Ministerio Público Federal de Brasil.
– Dra. Mariela Saettone, Encargada del Área de Capacitación Nacional e Internacional. Ministerio Público y Fiscal de Uruguay.
– Egidio Crotti, Representante. Oficina de UNICEF en Uruguay.
– Silvio Kaloustian, Oficial a Cargo de la Oficina Zonal de Sao Paulo. UNICEF en Brasil.
– Dr. Marne Osorio, Intendente Departamental de Rivera.
Hora 19:30 Conferencia magistral (charla abierta). Fiscal Teresa Martínez, Unidad Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil, Paraguay.
