(Por Rosa Dutra) En horas del mediodía de ayer, en el Centro Universitario de Rivera, representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) brindaron informaciones respecto a la gira que vienen realizando por el interior del país, que tiene como objetivo reclamar que el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) sea destinado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR).
Los portavoces fueron Mónica Ramírez, de la Unión de Funcionarios del CODICEN (UFC), Claudia Amorín, del Centro Universitario de Rivera, Alcides Garbarini, Mirian Gómez (Secretaria del Interior), Pablo Silveira, Wilder Lacuesta y Mariana Moreira, de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR).
Nos dijeron que es el momento de las definiciones presupuestales, ya que a fines del mes de agosto cierra el plazo para que el Gobierno eleve al Parlamento su propuesta del presupuesto. En este momento buscan influir para que se garantice que el 6% del PIB se destine al área de la enseñanza y una mejora salarial considerable para los trabajadores docentes y no docentes.
Aspiran llegar de forma inmediata a una media canasta equivalente a treinta mil pesos. Además, también pretenden mejorar las condiciones edilicias, el tema de las becas, aumentar el número de carreras en el interior del país y destinar recursos necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza a nivel nacional.
Sobre la decisión del Presidente de la República de destinar parte del presupuesto a otros rubros, expresaron que “las señales que dio el Gobierno hasta el momento son muy negativas, porque planteó una estructura de recortes muy dura en gasto público, en las empresas públicas, en la Universidad de la República, donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) recortó el 25% de la plantilla de funcionarios de forma no prevista. Es necesario que se creen más cargos y el Gobierno los quiere recortar”. Dijeron que “en Rivera se da uno de los casos más emblemáticos, porque faltan funcionarios y nuevas estructuras y funcionarios para atenderlas”.
“También se les planteó a los trabajadores del ámbito privado pautas salariales realmente recesivas, que ni siquiera acompañarán el crecimiento real de la inflación. Por eso el escenario es preocupante, porque además el Gobierno se ha negado hasta el momento de entregar sus pautas del Presupuesto”. Agregaron que el Gobierno “no se comprometió en nada, no mostró las cartas”, y esa actitud los hace sospechar que se aplicarán recortes en la Educación. En las últimas informaciones que poseen, es que el Gobierno incluirá el gasto de las tablets de los jubilados dentro del Presupuesto Educativo, siendo que “esto no forma parte del presupuesto para la educación pública”.
Sobre el Sistema Educativo acompañado de la última Reforma de Educación, evaluando el resultado de las pruebas PISA y de los elementos que se colocaron dentro de la pregunta, concluyeron que hay estándares para la educación que se determinan que no son los más adecuados, porque no contemplan las pautas que cada país tiene y no se adecuan al país.
En segundo término señalaron que los resultados dan la pauta de una lectura en donde la responsabilidad del fracaso, de la falta de éxito, recae sobre la espalda de los trabajadores de la educación. Eso lo rechazan fuertemente, porque los educadores no son responsables por el fracaso de estas pruebas PISA. Consideran que hay una política educativa detrás del planteo de las pruebas, una lógica que utilizan las Administraciones de la Educación Pública, en relación a como de algún modo apaliar estos resultados para que los números cierren.
Admiten que la enseñanza ha caído en un estado problemático, pero sí dejan en claro que hay responsabilidades claras frente a esta situación y muchas veces la responsabilidad recae sobre los trabajadores de la educación. “El problema es que todos los días trabajamos con salones superpoblados, que se llueven, con carencia de personal para atender la entrada de alumnos al liceo, sin porteros… Esto es muy preocupante, porque lleva a situaciones de riesgo y problemáticas difíciles de solucionar”. Parte del problema -dijeron- se debe al tema salarial que influye en la calidad de la educación, ya que el maestro o profesor, al no tener un buen salario, tiene que trabajar en varios centros docentes. “Si estos fueran bien remunerados la calidad de las clases serían otra”.
También les preocupa que padres de alumnos agredan a los docentes, los golpeen e insulten. “Si todo esto lo englobamos dentro del estado calamitoso y preocupante de la educación, se puede ver que la crisis que hay a nivel social repercute en la educación que, junto a la salud y la vivienda, son ejes transversales y son servicios básicos que la población goza diariamente. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos y el deterioro social no es responsabilidad de los trabajadores de la educación, ya que somos presos de una política que admitió ese tipo de permisos, como vandalismo, malos comportamientos, liberación de relaciones sociales de un modo competitivo, que no permite que la educación sea impartida como antes”, expresaron.
“La educación no está solamente en las aulas, sino en la familia. Los valores han cambiado, los centros educativos se han convertido en lugares de retención y contención social. Muchas veces las escuelas son el único lugar donde los niños pueden comer y se convierten en un lugar donde se concentran todos los conflictos sociales”.
Reiteraron que reclaman el presupuesto de la educación, “no solo para que se ponga un merendero mejor, sino que hay que atender la educación, la salud, la vivienda y que todos los trabajadores cobren 30 mil pesos; que les genere mejores condiciones de vida”. “Hoy -continuaron – el Gobierno prioriza las exoneraciones a los capitales especulativos que entran al país, invierten y se van cuando no les convienen los números, dejando desempleos, contaminación. Por eso se debe revertir esta situación”.
Entre las medidas que adoptarán si no son escuchados, la primera de ellas será el paro por 24 horas del 6 de agosto en todo el país. “Ese día no deberá haber transporte, comercios abiertos; tanto estatales como privados deberán plegarse al paro para dar una señal al gobierno que el presupuesto y las pautas salariales deberán estar encima de la mesa para mejorar la situación de los trabajadores”. A partir de ese día cada Sindicato discutirá sus medidas. En AFFUR están trabajando en una ronda de ocupaciones. “Hay compañeros discutiendo la posibilidad de una huelga, porque para ellos agosto es un mes donde se concentra el debate presupuestal, donde apretarán al máximo las clavijas si no son escuchados”.
Parte de esta recorrida que están realizando es “apelar a la conciencia de la gente en relación a la importancia que, más allá de la medida del paro, se sensibilicen con la problemática de la educación. Con la necesidad imperiosa de que el incremento del 6% sea el impulso inicial hacia un debate más generalizado, donde el incremento presupuestal para la educación en general incluya los salarios, pero que no es el único reclamo que llevamos adelante”.
La población debe ser consciente de la importancia de la educación, de que no pedimos por pedir. Pedimos para que los hijos de los trabajadores estén en mejores condiciones para desarrollarse, para que este país procree cerebros, como le gusta decir a los distintos Presidentes de turno -acotaron- pero que no los exporten, para que puedan desarrollar sus facultades y hacer lo que les guste”.
